Santo Domingo.– El abogado Miguel Surun Hernández denunció este martes que sectores políticos y empresariales estarían ejerciendo presiones para que se varíe la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, principal imputado en el caso de presunta corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según afirmó el jurista, dichas presiones buscan no solo la liberación de Hazim, sino también garantizar la impunidad de otros implicados en el proceso judicial. “Nos preocupa las presiones políticas y económicas tendentes a poner en libertad al señor Santiago Hazim y garantizar la impunidad a los tres empresarios, otorgándoles acuerdos de lenidad a personas que, desde la perspectiva económica, son quienes recibieron grandes cantidades de recursos de la salud del pueblo dominicano”, expresó.
Surun Hernández sostuvo que los fondos presuntamente sustraídos pertenecían al sistema de salud pública y que su desvío habría tenido consecuencias graves. “Se trata de recursos que eran para tratamientos médicos y que fueron robados, incluso de personas que fallecieron porque sus tratamientos fueron sustraídos”, enfatizó.
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El abogado hizo un llamado directo a los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que actúen con independencia y rechacen cualquier tipo de presión externa. “Pedimos a los magistrados que no cedan ante sectores poderosos y que los corruptos paguen por sus culpas”, manifestó.
El Ministerio Público procura sanciones penales contra los responsables del presunto desfalco de miles de millones de pesos al Estado dominicano a través de SeNaSa, así como el decomiso del dinero sustraído a esa Administradora de Riesgos de Salud (ARS).
Además de Hazim Albainy, el expediente incluye como imputados a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Al grupo se le imputan múltiples delitos, entre ellos coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, en uno de los casos de corrupción más relevantes vinculados al sector salud en el país.
