Santo Domingo. — El abogado Surun Hernández, en representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, exigió este lunes la cancelación inmediata de todos los acuerdos suscritos por el Ministerio Público en el caso del presunto desfalco en Senasa tras el sometimiento del fiscal investigador Aurelio Valdés por un supuesto soborno.
Hernández sostuvo que la gravedad del caso pone en entredicho la transparencia de los acuerdos alcanzados con algunos de los involucrados, entre ellos el empresario Roberto Canaán, señalado como uno de los principales testigos del proceso.
“Ante el escandaloso sometimiento del fiscal investigador Aurelio Valdés, encargado de gran parte del proceso de desfalco de Senasa, respecto a un soborno recibido por el testigo estrella del Ministerio Público, señor Roberto Canaán, exigimos la cancelación inmediata de todos los acuerdos”, expresó.
El jurista advirtió que, a raíz de esta situación, todos los imputados o procesados que recibieron algún tipo de trato preferencial dentro del expediente podrían quedar bajo cuestionamiento.
Según afirmó, no se puede descartar que esos beneficios hayan estado influenciados por actos de corrupción o sobornos, lo que a su juicio afectaría seriamente la legitimidad del proceso penal.
“Evidentemente, ante esta situación, todos los procesados o encartados que al igual que Roberto Canaán recibieron un trato preferencial, perfectamente lo pudieron haber sido a la luz de algún tipo de soborno o acto de corrupción”, indicó.
Hernández aclaró que su posición no busca poner en duda la integridad de figuras del Ministerio Público como Yenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, sino reclamar claridad en un caso que considera de alto impacto nacional.
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“Nunca se nos ocurriría cuestionar la honestidad de Yenny Berenice, de Mirna Ortiz y mucho menos del magistrado Wilson Camacho”, manifestó.
No obstante, insistió en que la sociedad tiene derecho a exigir transparencia total en un expediente que, según dijo, ha provocado un profundo daño al país.
“Como víctima, como sociedad, exigimos transparencia ante el proceso de corrupción que más daño le ha hecho a la República Dominicana, porque las víctimas están bajo tierra”, declaró.
Hernández calificó la situación como sumamente grave, al entender que compromete directamente el desarrollo del caso judicial y refuerza cuestionamientos previos sobre los acuerdos de exención de responsabilidad.
“Es algo muy grave que afecta directamente el proceso penal y que confirma nuestras denuncias referentes a los acuerdos de exención de responsabilidad en dicho caso”, sostuvo.
Asimismo, explicó que en el caso de Roberto Canaán, este habría sido beneficiado en calidad de testigo, lo que según indicódejó sin efecto un eventual sometimiento penal en su contra.
“Ese señor fue beneficiado como testigo. Ya él se descartó de su sometimiento a la acción penal”, puntualizó.
Las declaraciones de Hernández se producen en medio de la controversia generada por el proceso judicial contra el fiscal Aurelio Valdés, cuyo caso ha reavivado el debate sobre la transparencia y el manejo de expedientes de alto perfil en el sistema de justicia dominicano.
