Santo Domingo. — El abogado Valentín Medrano, representante legal del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, aseguró este lunes que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público contra su cliente han sido sobredimensionadas, previo al conocimiento de la medida de coerción en su contra.
A Valdez Alcántara se le conocerá la tarde de este lunes una solicitud de un año de prisión preventiva, interpuesta por el Ministerio Público, en medio de una investigación por presuntos actos irregulares.
Al ser abordado por la prensa, Medrano cuestionó la forma en que ha sido manejado el proceso y sostuvo que, hasta el momento, “solo existe una versión”, que es la del órgano acusador.
“Hasta ahora hay una sola versión, que es la del Ministerio Público. Nosotros tenemos que tomar conocimiento de lo que realmente contiene el proceso”, expresó.
El jurista consideró que el caso ha sido presentado con una magnitud que, a su juicio, no se corresponde con la naturaleza jurídica de la acusación.
“Esto es un asunto muy simple que ha sido engrandecido por el morbo”, afirmó.
Medrano también puso en duda la legalidad del procedimiento ejecutado por las autoridades, al señalar que en una investigación ya iniciada no puede hablarse de arresto en flagrante delito.
“Nunca jamás, en una investigación ya iniciada, hay arresto en flagrante delito”, sostuvo.
Según explicó, si el Ministerio Público entendía que existía un ilícito penal, debió agotar previamente los procedimientos correspondientes, como la obtención de órdenes judiciales.
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Sobre la postura de su defendido, el abogado indicó que Valdez Alcántara no ha emitido declaraciones sobre el caso, aunque adelantó que, desde su óptica, se trata de una persona afectada por circunstancias estructurales dentro del sistema.
“Mi cliente está mudo respecto de la situación. Yo creo que él es una víctima sistémica”, manifestó.
No obstante, aclaró que todavía no han tenido acceso completo a todos los elementos de la acusación, por lo que insistió en que se trata de una investigación aún en fase inicial.
En relación con la solicitud de 12 meses de prisión preventiva, Medrano expresó que se trata del máximo que permite la normativa en este tipo de procesos, aunque insistió en que el expediente no reviste complejidad.
“La norma dice claramente que lo máximo que se puede pedir en un caso como este es un año de prisión preventiva”, explicó.
Añadió que no considera que el caso amerite ser declarado complejo, al definirlo como un expediente “sumamente simple”.
El abogado también advirtió que el proceso podría tener repercusiones dentro del propio Ministerio Público, especialmente en los casos en los que el fiscal investigado haya tenido participación.
En ese sentido, señaló que cualquier defensa podría intentar utilizar esta situación para cuestionar otros expedientes, lo que a su juicio podría generar un impacto institucional importante.
“Si fuera defensa en uno de esos procesos, obviamente que trataría de usar esto para afectar el proceso”, indicó.
Asimismo, dijo que el caso podría incidir en la moral interna de los miembros del Ministerio Público, al tratarse de un funcionario que compartió durante años con otros fiscales dentro del sistema.
