Santo Domingo.– El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo de la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados en el denominado caso Senasa, decisión que será dada a conocer el próximo domingo a las 6:00 de la tarde.
El magistrado hizo el anuncio tras más de 12 horas de audiencia, en la que el Ministerio Público, encabezado por los procuradores Wilson Camacho y Mirna Ortiz, concluyó la exposición de los hechos y presentó los elementos probatorios que sustentan la solicitud de coerción. Posteriormente, las defensas de los imputados ejercieron su derecho a responder a las acusaciones formuladas.
Operación Cobra
El caso forma parte de la denominada “Operación Cobra”, puesta en marcha por el Ministerio Público el pasado fin de semana, mediante la cual se acusa a un grupo de personas de sustraer fondos del patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
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Como parte del operativo, las autoridades realizaron una docena de allanamientos, con la participación de más de 20 fiscales y alrededor de 200 agentes policiales.
Imputados
Hasta el momento, los implicados en el proceso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.
También figuran Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud de Senasa en el mismo período; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A.; Cinty Acosta Sención, gerente de la empresa Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó la tarde del martes 8 de noviembre; y Heidi Mariela Pineda.
Cargos imputados
De acuerdo con el Ministerio Público, a los acusados se les imputan coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El tribunal fijó para el domingo la lectura íntegra de la decisión, con la que se definirá la situación judicial de los imputados en uno de los casos de presunta corrupción más relevantes vinculados al sistema de salud del país.
