Santo Domingo.– El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero, admitió ante un tribunal su responsabilidad en el cobro de sobornos a bancas de apuestas ilegales para permitirles operar, como parte del proceso judicial por el caso Operación Calamar.
Durante la audiencia, celebrada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Chalas Guerrero aceptó los hechos y firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, el cual solicitó a la jueza Altagracia Ramírez la aplicación de un criterio de oportunidad, eximiéndolo de persecución penal a cambio de su cooperación.
Como parte del acuerdo, el exfuncionario devolvió al Estado 17 millones de pesos en cheques y dos vehículos valorados en alrededor de tres millones de pesos, para un total de RD$20 millones recuperados.
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Durante su declaración, Chalas Guerrero aseguró que el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba al tanto de las irregularidades en el cobro de dinero a las bancas ilegales. Según explicó, en una ocasión le planteó a Guerrero detener lo que calificó como una «estructura mafiosa», a lo que el ministro accedió inicialmente, pero luego —tras una disminución en las recaudaciones— habría ordenado mantener el esquema anterior.
El exdirector reveló que se cobraban entre RD$3,000 y RD$6,500 mensuales a cada banca “para dejarlas operar”, aunque afirmó desconocer el monto total recaudado debido a la gran cantidad de establecimientos involucrados.
Por su parte, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó que Chalas Guerrero ha ofrecido informaciones valiosas y coherentes para el avance del caso. Destacó además que el exfuncionario realizó sus declaraciones de forma libre y sin presión, contribuyendo a fortalecer la acusación contra los principales implicados.
“Ha devuelto la suma de 20 millones de pesos, lo que recibió por haber participado como parte de la estructura criminal”, señaló Ortiz.
El caso Operación Calamar involucra a más de 30 acusados, entre ellos los exministros Donald Guerrero (Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia), señalados por presuntos actos de corrupción y malversación de fondos públicos durante la pasada gestión gubernamental.
