Santo Domingo.– Los abogados de la familia Reyes, parte querellante en el caso Operación Calamar, aseguraron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no cometió desfalco contra el Estado, como sostiene el Ministerio Público, sino que cumplió con sentencias que ordenaban el pago de una deuda social de más de 60 años.
Según explicaron, el dinero entregado en 2016 a varias familias por expropiaciones de terrenos —entre ellos los herederos de la parcela 613, donde hoy funciona el Aeropuerto Internacional Las Américas— fue un pago legal y no un fraude.
“El Estado pagó bien, no hubo desfalco. La verdadera estafa fue cometida por Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, en vez de enfrentar la justicia, fue beneficiado por el Ministerio Público con un criterio de oportunidad”, afirmó Moisés Sánchez Ramírez, abogado principal de la familia.
Por su parte, Rafael Zapata, también representante legal, señaló que la sentencia ordenaba pagar 1,288 millones de pesos, de los cuales solo se ha ejecutado el 80 %. El resto, dijo, aún está pendiente.
Los querellantes criticaron duramente al Ministerio Público, acusándolo de proteger a quienes consideran los verdaderos estafadores.
“La familia Reyes se muere de hambre mientras se construye una narrativa falsa de desfalco. Guerrero pagó lo que la ley ordenaba”, sostuvo Alexander Navarro, otro de los abogados.
En la misma línea, Julio César Ventura pidió que se cumpla con el pago pendiente y se garantice la institucionalidad en el proceso.
La familia Reyes asegura haber sido víctima de una estafa superior a 700 millones de pesos y exige justicia.
“Donald Guerrero cumplió con la deuda social; lo que ha faltado es sancionar a quienes defraudaron al Estado y a nuestra familia”, concluyó Sánchez Ramírez.
