Santo Domingo. – El abogado Manuel Alejandro Bordas Nina interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), contra el artículo 310 del nuevo Código Penal dominicano, por considerar que criminaliza injustamente la crítica a funcionarios públicos.
La acción, presentada en su calidad de director ejecutivo de la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (FUNPREL), cuestiona lo que considera una amenaza directa a las libertades democráticas.
“El artículo 310 sanciona expresiones o manifestaciones contrarias a la llamada ‘dignidad personal’ de los funcionarios públicos, incluso si se realizan en entornos privados. Se trata de un tipo penal abierto, ambiguo y peligroso”, advirtió Bordas.
Según explicó, la norma otorga “excesiva discrecionalidad a las autoridades” y vulnera principios constitucionales como el derecho a la libertad de expresión, el principio de legalidad penal, la seguridad jurídica y la proporcionalidad en la limitación de derechos.
La instancia también señala que este artículo tiene un efecto inhibidor en la sociedad y promueve la autocensura. “Impide el disenso y amenaza el libre ejercicio de la ciudadanía en un régimen democrático”, reza el sometimiento.
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FUNPREL destacó que esta acción constitucional refuerza su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, recordando que ya obtuvo una sentencia favorable del TC en 2020 contra el artículo 101.2 de la Ley 63-17 de Tránsito.
“La crítica al poder no solo debe tolerarse, sino que debe ser protegida en un sistema democrático. Penalizar opiniones dirigidas a funcionarios públicos, incluso en el ámbito privado, constituye un retroceso inaceptable”, concluyó Bordas.
