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Santo Domingo Este. — El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, afirmó que los recursos de casación y de revisión de sentencias jurisdiccionales constituyen el principal vínculo entre ese órgano y la Suprema Corte de Justicia, al permitir la revisión de decisiones emitidas por la alta corte judicial.
Durante su participación en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Estévez Lavandier explicó que estos mecanismos procesales son fundamentales para garantizar el control constitucional. Señaló que podría haber acciones legales ante el propio Tribunal Constitucional relacionadas con esa normativa, lo que le impide emitir opinión al respecto.
En otro orden, el magistrado abordó las dificultades que enfrenta el tribunal en materia de quórum, indicando que en ocasiones no se logran las decisiones debido a la falta de votos suficientes.
“No es que los expedientes se guarden o se engabeten; de hecho, ya todo es digital. El problema es que, si no se alcanzan los nueve votos requeridos, el expediente permanece en estado de fallo”, explicó.
El presidente del alto tribunal reveló que durante el último año se resolvieron 1,814 expedientes, mientras que en el período anterior la cifra fue de 1,251. Sin embargo, subrayó que este volumen de decisiones resulta atípico en comparación con otras altas cortes del mundo, donde usualmente se fallan entre 100 y 110 casos al año.
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“Las altas cortes están diseñadas para actuar de manera excepcional, no para manejar grandes volúmenes de casos”, sostuvo, al tiempo que consideró que el sistema actual permite una excesiva admisión de recursos de revisión constitucional.
Finalmente, Estévez Lavandier hizo un llamado a reflexionar sobre posibles soluciones estructurales, instando tanto al legislador como al constituyente a evaluar mecanismos que permitan superar las limitaciones del tribunal, especialmente en lo relativo al quórum y la carga procesal.
La actividad se desarrolla desde el 9 al 11 de abril y reúne a expertos nacionales e internacionales en distintas áreas del derecho, así como a jueces, autoridades públicas, legisladores, empresarios, representantes de la academia, el sector privado, la sociedad civil y organismos internacionales.
