Santo Domingo, R.D. – En la República Dominicana, el 70% de los accidentes de tránsito involucran motociclistas, según datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Esta cifra resalta la vulnerabilidad de los conductores de motocicletas y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para reducir los accidentes y muertes en las vías.
Las autoridades han calificado esta situación como una "epidemia nacional", destacando que, de las más de 3,000 muertes anuales por accidentes de tránsito, aproximadamente 2,100 corresponden a motoristas. Además, se ha identificado que el 70% de los motociclistas fallecidos no utilizaban cascos certificados, lo que incrementa significativamente el riesgo de lesiones graves y fatales.
Frente a la preocupación por los altos índices de mortalidad vial, autoridades participaron este lunes en el primer Congreso Internacional “Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial”, con el objetivo de que, a través de las municipalidades, se reduzcan a la mitad las muertes por accidentes de tránsito de cara al año 2030.
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En respuesta a esta crisis, el gobierno ha lanzado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, una iniciativa respaldada por 121 entidades, con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de tránsito en un 15% anual hasta 2030. Las medidas incluyen el fortalecimiento de la fiscalización, campañas de concienciación, y la promoción del uso de cascos para motociclistas. Además, se está trabajando en la mejora de la infraestructura vial y en la implementación de un sistema de puntos en las licencias de conducir.
La falta de educación vial, la impunidad y las deficiencias en la recolección de pruebas siguen siendo desafíos clave. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, el plan busca transformar un escenario marcado por la imprudencia y el deficiente control institucional, replicando modelos exitosos internacionales y estableciendo una red de supervisión nacional con participación del Estado, sector privado y sociedad civil.
