La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este viernes el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, la quinta normativa económica urgente presentada por el presidente Daniel Noboa tras su reelección hasta 2029.
Sin embargo, algunos artículos de leyes anteriores, tramitadas bajo el mismo mecanismo exprés, siguen suspendidos de manera cautelar por orden de la Corte Constitucional.
Con 77 votos a favor, el pleno nacional dio luz verde al proyecto mediante el cual se permite que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) devuelva "la administración de los fondos previsionales complementarios a sus partícipes", según detalló la cámara en un comunicado.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, explicó que la intención de la norma es mejorar la eficacia financiera del Biess, algo que la asambleísta correísta Viviana Veloz puso en entredicho al exponer que "se pretende arrebatar los fondos del Banco, que son el respaldo para la vejez y la cesantía" y que "se busca vender la cartera del Biess a la banca privada".
Por su parte, el asambleísta oficialista Diego Franco subrayó que esta ley no busca privatizar, sino devolver los fondos a quienes les corresponden.
"Los recursos de los jubilados son y serán siempre de los jubilados", concluyó.
El segundo debate en torno al proyecto de ley se produjo, además, en mitad de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en rechazo a la decisión del presidente de eliminar el subsidio al diésel, que es secundado en algunas provincias de la sierra andina y la Amazonía.
Artículos suspendidos por la Corte
Esta ley, que no entrará en vigor hasta que sea promulgada por Noboa, se trata de la quinta norma de "carácter económico urgente" presentada por el presidente, Daniel Noboa. El mandatario ya utilizó esta vía exprés en cuatro ocasiones anteriores, una modalidad que permite aprobarlas en un plazo de apenas 30 días.
Las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia fueron propuestas bajo esta premisa de la vía "económico urgente", a pesar de que la mayoría son relativas a temas de seguridad.
Por ello, y tras acumular decenas de denuncias de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional decidió suspender algunos de sus artículos hasta determinar si cumplen con las directrices de la carta magna.
Entre los artículos suspendidos de forma preliminar -a la espera de una decisión definitiva por parte de la Corte Constitucional- se encuentra el que otorgaba al jefe de Estado la facultad de conceder “indultos anticipados” a policías y militares procesados por delitos cometidos en el marco del “conflicto armado interno” declarado por Noboa a comienzos de 2024 contra el crimen organizado.
Asimismo, quedaron suspendidos de forma provisional varios artículos de la Ley de Inteligencia que autorizaban a los agentes a utilizar identidades falsas y a solicitar datos de usuarios a las empresas telefónicas.
