Santo Domingo.- Una investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) del periodo 2013-2017, en la administración de Diandino Peña, de los gobiernos de Danilo Medina (2012-2020), revela la adjudicación de 14, 638 millones 152 mil 328 pesos (RD$), sin la documentación que den legitimidad al proceso de contratación.
En los contratos firmados entre las partes para la primera y segunda línea del Metro de Santo Domingo, no se encontraron póliza de seguridad de las ofertas, recursos financieros de los ofertantes ganadores; presentación de las ofertas técnicas y económicas (sobre A y sobre B), así como también pliegue de condiciones o fichas técnicas y póliza de fiel cumplimiento; documentos que, según el órgano de control externo, son de rigor para justificar las contrataciones.
Los auditores de la Cámara de Cuentas aseguran haber encontrado obras en las que los trabajos iniciaron previos a la realización del proceso de contratación y sin contrato entre las partes.
Entre ellos se cita un acuerdo con la empresa Actualizaciones Tecnologías en Construcciones (ATTECO) para estudios y diseños base de la Línea 3 y la prolongación de la Línea 2b del Metro, que fue firmado el 1ro de agosto de 2013 con un proceso de contratación que culminó en julio del mismo año, o sea un mes antes.
Los trabajos de una segunda empresa, PRETEDOSA, con un contrato de 235.5 millones de pesos firmado el 11 de enero del 2016 y adjudicado el 7 de enero, se estaba ejecutando desde el año 2015 según detectaron en los soportes que acompañaban la cubicación de cierre.
En la investigación además se detectaron otros 227 millones en adendas de contratos que sobrepasan el 25% permitido por ley, entre estos cuatro acuerdos, dos de ellos de una misma empresa, Constructora Estrella Taveras.
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Empresas implicadas
En la auditoría figuran también las empresas Constructora Promper Cristalino. S.R.L, Constructora Gómez Construction, Consorcio Trains Dominicana, Yellow Ingenieros & Arquitectos; Grupo Modesto, S.A., Tecnas, E.I.RL, Aviles & Asociados, SRL., y otras.
La mayoría de estas compañías, según el informe de la Cámara de Cuentas, firmaron hasta cinco contratos individuales con la Oficina Reorganizadora del Transporte durante el periodo auditado.
