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Santo Domingo.- Hace un año se expuso el deterioro del puente Francisco del Rosario Sánchez, popularmente conocido como el puente de la 17, una vía clave que une Santo Domingo Este con el Distrito Nacional. A pesar de las denuncias y las evidencias del daño estructural, las promesas de reparación han quedado en el aire, dejando a miles de personas en riesgo diario.
Informes técnicos y expertos han advertido sobre los riesgos que implica el deterioro de la superestructura, evidenciado en barandillas corroídas, pavimento desgastado y fisuras visibles en las uniones soldadas. Estos daños, fruto de años de abandono y de un mantenimiento insuficiente, comprometen la estabilidad del puente, el cual se ve sometido a cargas para las que no fue diseñado. Además, el incumplimiento de las leyes de tránsito agrava la situación, incrementando el peligro para los usuarios.
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Una infraestructura en estado crítico
Mientras las autoridades dominicanas continúan posponiendo las acciones necesarias, el deterioro no solo afecta la parte superior de la estructura. Bajo el puente, se encuentran familias que viven en condiciones precarias, expuestas al abandono y a riesgos constantes. Reflejando un panorama de descuido y falta de organización en la gestión de una obra vital para la conectividad de la región.
Cada día, miles de ciudadanos utilizan el puente para desplazarse. Sin embargo, la inacción del Estado frente a las evidencias y las denuncias genera un clima de incertidumbre y alarma en la comunidad.
Trabajo fantasma en terreno
En una visita reciente a una caseta situada debajo del puente, se observó que solo dos o tres trabajadores estaban presentes, aparentemente simulando labores de reparación sin que se reflejara ningún avance concreto. Este hecho refuerza la sensación de abandono y la falta de respuesta efectiva ante una problemática que pone en riesgo a miles de personas.
Según el censo de la Oficina Nacional de Estadística de 2022, el municipio involucrado cuenta con más de un millón de habitantes, lo que lo convierte en la ciudad más poblada del país. Este crecimiento demográfico, junto con los desafíos en infraestructura, servicios y calidad de vida, evidencia la necesidad de que tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Los residentes manifestaron que la inacción gubernamental persiste, por tal razón, exigieron respuestas y acciones que eviten consecuencias irreversibles en la seguridad de la movilidad y la vida de quienes dependen de esta vía.
