SANTO DOMINGO – El abogado y analista del programa radial Politikal, José Eliseo Almánzar García lanzó una dura crítica contra la Junta Central Electoral (JCE) a raíz de la reciente aprobación de un reglamento que busca prohibir y sancionar la publicación de encuestas electorales por un periodo extendido, calificando la medida como un intento de coartar los derechos ciudadanos.
Durante su intervención, Almánzar señaló que, mientras el promedio de veda para la publicación de encuestas en América Latina es de apenas seis días, el órgano electoral dominicano pretende imponer un silencio de «un año y medio sin que la gente pueda saber cómo están las preferencias electorales». Según el jurista, esta disposición contó con la anuencia de los partidos políticos, quienes no presentaron objeciones durante los debates.
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Violación a la jerarquía normativa
El abogado sostuvo que la JCE emitió esta disposición «al margen de la propia ley que la regula», argumentando que la Ley de Régimen Electoral establece plazos mucho menores para la difusión de sondeos. «Un reglamento violando el principio de jerarquía normativa; la ley está por encima del reglamento y este dispone un plazo mayor», enfatizó Almánzar al explicar la inviabilidad legal de la medida.
La controversia ha escalado a los tribunales, donde se han presentado al menos tres acciones jurisdiccionales, incluyendo una del comunicador Dany Alcántara y otra, sorpresivamente, de un propio miembro de la JCE que impugnó el reglamento por el que él mismo votó,. Ante la presión legal, la Junta habría manifestado que dejaría de aplicar la norma, una postura que Almánzar considera inaceptable: «Un órgano no puede emitir una disposición y él mismo después decir que no la va a aplicar porque alguien la está impugnando; eso no es lo que dicen las leyes».
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Cuestionamiento de Almánzar al concepto de «extrapoder»
Almánzar también cuestionó la defensa de la JCE ante los tribunales, donde el órgano se ha autodefinido como un «órgano extrapoder» para argumentar que no está sujeto a ciertas regulaciones. El jurista se preguntó si la consultoría jurídica de la institución interpreta el término como estar «fuera del ordenamiento jurídico».
Finalmente, el profesional del derecho enmarcó este incidente dentro de una supuesta agenda que busca reducir las libertades públicas en el país, citando ejemplos como la Ley del DNI y la denominada «ley mordaza».
«Esta sociedad tiene que estar vigilante ante esos intentos de recorte de la libertad de expresión y el derecho a la información del ciudadano», concluyó.
