Los partidos de oposición ahora quieren usar a la Junta Central Electoral como munición política contra el gobierno. Reclaman reformar la Ley de Partidos y la Ley Electoral que ellos promulgaron, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, durante el mandato del Partido de la Liberación Dominicana. Sendas leyes tuvieron que ser enmendadas por el Tribunal Constitucional, dado los vicios legales que ambas contienen, más acá de las plañideras de Danilo y de Leonel, por los fondos presupuestarios de esa institución.
Reconocemos la necesidad de fondos, los cuales requiere la Junta, a fin de llevar a cabo un proceso electoral confiable, efectivo y eficiente, pues esta incertidumbre ha sido despejada por el Director General de Presupuesto. Aunque sería bueno recordarle a los partidos su obligación democrática y política de arrimar el hombro, en la tarea de concertar una reforma a estas leyes, en la cual todos los partidos estén dispuestos, sin hipocresías, a producir leyes que creen un sistema democrático en su uso, validado en su diseño, su instalación, su operación y en su desempeño, garantista de la libertad para votar y acceder a la representación ciudadana, pero, sobre todo, que proteja el derecho a elegir y ser elegido a cada dominicano, tanto en el sistema de partidos y agrupaciones políticas, como en el sistema electoral.
Quieren, la oposición y algunas instituciones cívicas, crear la tormenta perfecta con la tardanza en la aprobación de las reformas y con los fondos consignados en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, en lugar de darle visibilidad a ese lastre democrático, social y electoral que representan estas dos leyes, que en su aplicación le resta competencia y oficio de administración, control y sanción a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral para proteger, jurídicamente, la libertad y los derechos de los ciudadanos y de la sociedad para la participación y representación electoral.
Pensemos en que, tanto la Ley 33-18, que rige las agrupaciones políticas y la Ley 15-19, de régimen electoral, les quitan la voz y las posibilidades a los ciudadanos de expresarse en los partidos y agrupaciones políticas, pero también la Ley Electoral limita la participación y expresión a cientos de miles de dominicanos en el exterior, que, aunque están inscrito en el padrón, se les impide votar por senadores, diputados, alcaldes, directores distritales, regidores y vocales.
Son dominicanos con otra categoría democrática, por el solo hecho de vivir fuera de su país, pero muy importantes por los más de US $9 mil millones que envían en remesas para darle estabilidad a la economía dominicana. Los partidos y organizaciones políticas han raptado, con toda impunidad por medio de las redes sociales, las posibilidades de que los ciudadanos y los votantes conozcan la realidad de los contenidos de las ofertas políticas, sin que ninguna de las instituciones del sistema (la Junta Central y Electoral y el Tribunal Superior Electoral) estén en capacidad de investigar, controlar y sancionar estas violaciones a los derechos electorales, a la libertad del votante, a la igualdad de oportunidades que deben garantizar las leyes promovidas para la dignidad electoral de los ciudadanos.
Ruego la reflexión de todos, en evitar las estafas que cada cuatro años se cometen contra quienes, de buena fe política y democrática, votan por personas en la boletas de partidos y organizaciones políticas; quienes luego de salir electos senadores, diputados, alcaldes, directores distritales, regidores y vocales, se van a otras organizaciones políticas, burlándose de los dos sistemas que crean estas dos leyes, pero también de los votantes, sin que ninguna institución del Estado pueda siquiera pedirle cuenta a estos mercenarios, en sus actividades delictivas y criminales dentro de estos esquemas electorales.
