Ignoraba y sigo ignorando hoy las razones políticas, democráticas, éticas y sociales que sustentaban los líderes de la bancada oficialista para escoger al actual pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pues ninguno de ellos pudo contestar mis preguntas, sobre la confiabilidad, la eficiencia y la efectividad, condiciones que deberíamos tomar en cuenta al momento de formular el perfil que los postulados poseerían.
Estos valores garantizarían la excelencia del diseño, la instalación, la operación y el desempeño, descritos, tanto por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas y su propio reglamento.
Sigo esperando que los presidentes de las dos Comisiones permanentes de la Cámara de Cuenta, tanto el de la Cámara de Diputados como el del Senado, le expliquen al país y a sendos hemiciclos la novela negra a la cual estamos asistiendo, pues es indecente ver a un presidente de una institución que, democrática, constitucional y políticamente, tiene la responsabilidad de fiscalizar, censurar y controlar todos los poderes constituidos y constituyentes del mismo, cuestionando su propia jerarquía como presidente de esta institución.
Entiendan que las únicas auditorias constitucionalmente válidas para cualquier iniciativa estatal son las de este poder.
Dividir el pleno frente a un cuestionamiento, como ha hecho el Presidente de esta institución, primero, se apandilla con tres miembros, y anuncia con descaro un acuerdo de tres contra dos; pero luego, con la misma desfachatez, anuncia otro acuerdo con los cinco miembros, comprometiéndose a cumplir la Constitución, la Ley Orgánica y el reglamento.
Ignoraba que un funcionario podía decidir después de juramentado, cuándo cumplir la ley y cuándo dejar de cumplirla, y hasta permitirse la licencia de formar grupos afines, al margen de la ley, dentro de instituciones públicas, cuyas decisiones son colegiadas.
Señores, apreciados colegas y público en general, si permitimos este colapso institucional, político, democrático y ético en la Cámara de Cuentas, estamos abriendo las puertas para comportamientos aberrantes en otras instituciones, con la misma responsabilidad y obligación democrática, tal es el caso, y esperamos que nunca suceda, en la Junta Central Electoral.
Quedaría en tela de juicio la responsabilidad y la obligación democrática y política del Congreso, de garantizar la libertad, el respeto a la ley, el orden público y la igualdad de oportunidades, pero, sobre todo, la independencia de la Cámara de Cuentas, en su condición de supremo auditor del Estado.
Si esta autarquía institucional y política se sigue percibiendo como una treta de los intereses políticos, electorales y de poder que tienen el control de las dos Cámaras del Congreso, estaríamos trasladando a la sociedad y al pueblo dominicano los peores ejemplos de anomalía democrática en toda nuestra historia.
Pedimos mesura y tacto al liderato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante estos juegos contrarios a las virtudes democráticas y éticas que tanto pregonamos, y así evitaríamos que la autoridad, más que merecida, termine siendo una vergüenza recibirla.
