Viola flagrantemente la constitución de la República y transgrede las competencias del congreso de la República, el presidente Luis Abinader, cuando compromete varios periodos constitucionales al contraer irregularmente un endeudamiento con la banca privada, por RD$30,000 millones de pesos, subterfugios financieros orquestados por la Junta Monetaria y el Banco Central.
Apoyarse en una violación de la ley que establece el presupuesto de ingresos y la ley de gastos públicos, para favorecerse en un periodo preelectoral es un acto ilegal, que puede ser tipificado como delincuencia fiscal, por parte de un gobierno que, se ha lanzado a la caza y pesca de ediles de partidos opositores en una competencia con medios democráticos desleales, buscando fines inconfesables, los cuales destruyen los limites y los equilibrios políticos de cualquier democracia decente.
Usar la treta de dinamizar la economía, por medio de la facilidad y la liquidez rápida, es el pretexto, para cometer esta felonía financiera por parte del gobierno del presidente Abinader, sin que, niel congreso, ni el pueblo dominicano, quien tendrá que pagar con impuestos, un empréstito de cual desconoce; el monto, las condiciones de pago, el tiempo de vencimiento, los intereses y las comisiones que tendremos por delante, para sufragar esta deuda oscura, sin que el país este en emergencia o con alguna urgencia nacional, la cual amerita una operación financiera de esta categoría.
Exigimos que el Banco Central y la Junta Monetaria, le expliquen y describan la cartografía financiera de una emisión que, como esta se extiende por sectores privados y termina misteriosamente en las cuentas nacionales. Una operación fiscal con ribetes de conspiración económica y electoral, copiada de un libreto de una de las películas de “Mafia Siciliana”, donde se han roto todos, los límites constitucionales, incluyendo la ley Orgánica del Ministerio de Hacienda, la Ley Monetaria y financiera, en suma, un órdago de gobierno con todas las reglas de la “Camorra italiana”.
Llevamos la vocería en el Senado de la República, del Partido Revolucionario Dominicano, y desde esta atalaya pedimos a los colegas senadores y senadoras, pensar en esta usurpación grosera, de las facultades políticas, constitucionales y democráticas del congreso por parte de uno de los poderes públicos, el Poder Ejecutivo, pero sobre todo, el riesgo institucional que representa este agravio al pueblo dominicano.
Pensemos senadores y senadoras en la vida republicana de la nación, si debemos permanecer indiferentes ante este despropósito, anteponiendo los intereses de partidos y electorales, por encima de los intereses generales del país.
Somos el Poder del Estado Dominicano, llamado constitucionalmente a frenar estos actos antidemocráticos e ilegales, los cuales comprometen la Soberanía del Estado Dominicano.
