Desde 2020, la República Dominicana ha firmado más de 4 mil millones de dólares en préstamos internacionales casi 300 mil millones de pesos dominicanos bajo la etiqueta de financiamiento climático y sostenible.
Son fondos destinados a proyectos de transporte, eficiencia energética, saneamiento y gestión de residuos todos con un mismo propósito: reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático.
Sin embargo, cinco años después, no existen reportes públicos que midan los resultados de esas inversiones. Las lluvias siguen provocando inundaciones, los vertederos continúan ardiendo y las cañadas desbordadas repiten la historia cada temporada.
En julio de 2024, el país colocó su primer Bono Verde soberano por 750 millones de dólares, presentado por el Ministerio de Hacienda como un hito hacia una economía sostenible.
El dinero debía destinarse a transporte limpio, energía renovable, saneamiento y adaptación al cambio climático.
Nueve meses después, no se ha publicado ningún informe que detalle los proyectos ejecutados ni los resultados ambientales alcanzados.
Pero el Bono Verde es solo una parte de una ola de endeudamiento más amplia.
Entre 2020 y 2024, el Gobierno firmó más de 25 préstamos climáticos, incluyendo 400 millones del Banco Mundial para políticas sostenibles, 85 millones de los Fondos de Inversión en el Clima, y 45 millones de la JICA para manejo de residuos.
Si se suman los compromisos entre 2012 y 2020, la deuda climática supera ya los 6 mil millones de dólares.
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El problema no es solo cuánto se ha invertido, sino qué se ha logrado.
Ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Medio Ambiente publican reportes periódicos sobre el uso ni el impacto de estos fondos.
Y aunque existe un decreto (541-20) que creó el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV) para transparentar el flujo del dinero climático, su componente financiero aún no está operativo.
Un informe de Participación Ciudadana (2014–2023) identifica unos RD$22 mil millones en cooperación internacional no reembolsable para cambio climático.
El estudio destaca, sin embargo, que la información oficial sigue siendo fragmentada, con proyectos reportados sin desgloses, sin indicadores y sin claridad sobre los beneficiarios.
En teoría, el país cuenta con leyes, estrategias y compromisos internacionales que promueven transparencia y resiliencia.
En la práctica, la información sigue dispersa, los datos no están disponibles y los impactos no se miden.
Mientras tanto, los préstamos se acumulan, las promesas se repiten y las lluvias siguen haciendo el mismo trabajo que las auditorías no: mostrar lo que realmente no está funcionando.
