Santo Domingo.-Siete de cada diez vacas entregadas por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) en los municipios de Santo Domingo Norte y Guerra terminaron en manos de personas inscritas en el padrón del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Esto forma parte de un reportaje de investigación presentado en el programa Bajo el Foco, realizado por la periodista Ángela Ramírez.
Un cruce de documentos oficiales revela que el 70 % del ganado distribuido en estas dos demarcaciones fue entregado a afiliados del partido de gobierno. De las 180 reses repartidas en Santo Domingo Norte y Guerra, unas 130 quedaron en manos de personas registradas en el padrón del PRM.
El análisis incluyó la verificación de los nombres de los beneficiarios con registros oficiales y el padrón partidario disponible públicamente.
Del total de beneficiarios civiles identificados, excluyendo militares en servicio activo, 83 aparecen registrados en el padrón del partido oficialista. En ambos escenarios la proporción ronda el 70 %.
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Uno de los beneficiarios en Santo Domingo Norte, Máximo de la Cruz Carmena, confirmó durante la entrevista que pertenece al partido oficialista.
“Sí, sí, sí. Nosotros no fallamos ahí”, respondió cuando se le preguntó si era miembro del partido.
Las reses fueron adquiridas mediante un proceso de compra convocado en octubre de 2020, en plena pandemia del COVID-19. El procedimiento se realizó bajo la modalidad de proceso de urgencia, una figura excepcional que permite acortar plazos y reducir algunos controles administrativos en situaciones extraordinarias.
El contrato fue adjudicado al proveedor Juan Bautista Bautista Martínez por un monto de RD$14,336,000. Cada vaca fue comprada por RD$50,176 y el lote incluía 400 animales de ganado bovino de doble propósito, aptos tanto para producción de carne como de leche.
Las entregas analizadas en esta investigación corresponden a las realizadas en Santo Domingo Norte y el municipio de Guerra entre finales de 2020 y principios de 2021, durante la dirección de Efraín Bernardo Toribio Muñoz, hoy presidente del FEDA.
Para la abogada especialista en administración pública Yulibelys Wandelpool, la coincidencia entre afiliación partidaria y beneficiarios no implica necesariamente una ilegalidad, pero sí plantea interrogantes sobre los criterios de selección.
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“Puede haber sesgos o favoritismo. Puede ser una coincidencia, pero llama mucho la atención que el 70 % de los beneficiarios correspondan al partido de gobierno. Eso lacera la confianza pública”, explicó.
