Santo Domingo.– El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, confirmó la existencia de un déficit operacional de 14,700 millones de pesos en la institución, cifra que, según afirmó, valida la denuncia presentada por el Ministerio Público en el marco de la denominada “Operación Cobra”, que investiga un presunto desfalco millonario en la entidad.
Guzmán explicó que, tras asumir el cargo en agosto de 2025, se encontró con una “situación compleja” en la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) estatal, que brinda cobertura sanitaria a más del 70 % de la población dominicana. De acuerdo con el órgano persecutor, Senasa habría sido afectada por un desfalco superior a los 15,000 millones de pesos, presuntamente encabezado por su exdirector, el doctor Santiago Hazim, quien junto a otros implicados cumple 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de Las Parras.
Durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema, Guzmán detalló que, pese al panorama heredado, la institución logró cerrar el año 2025 con un resultado positivo de 1,034 millones de pesos, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre, lo que permitió reducir parcialmente el déficit operacional.
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“Ese déficit operativo de 14,700 millones de pesos ya tiene una reducción de 1,034 millones de pesos con el resultado del año pasado. A la fecha, con datos preliminares, va a tener un déficit operativo de 13,700 millones de pesos aproximadamente”, precisó el funcionario.
El titular de Senasa, quien anteriormente se desempeñó como gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), señaló que entre las principales irregularidades detectadas figuran “malas prácticas” relacionadas con la manipulación del bordereau o sistema de autorizaciones médicas. Según explicó, los costos de hospitalizaciones y emergencias eran registrados mediante promedios manipulados a la baja, lo que generó un subregistro que ocultaba la verdadera situación financiera de la ARS.
Asimismo, indicó que se identificaron prácticas graves como la autorización de recetas en blanco y la existencia de procedimientos médicos fantasmas, lo que obligó a la nueva gestión a implementar controles más estrictos. Estas medidas, aunque necesarias para prevenir nuevas irregularidades, han provocado retrasos en los procesos de autorización de farmacias.
“Estamos conscientes de que hoy un afiliado de Senasa puede durar de 45 minutos a una hora esperando autorización, más que otras ARS”, reconoció Guzmán, al asegurar que estos nuevos parámetros buscan garantizar mayor transparencia y control.
Cancelación de contratos millonarios
Como parte de las acciones correctivas, Guzmán informó sobre el desmonte de los contratos de pago capitado y prospectivo, modalidades que permitían pagos fijos a prestadores privados sin la debida fiscalización, retornando al esquema de pago por servicios.
Detalló que estos contratos representaban pagos capitados por unos 112 millones de pesos mensuales a seis entidades, mientras que los pagos prospectivos alcanzaban aproximadamente 60 millones de pesos. También fueron cancelados, desde septiembre de 2025, acuerdos con empresas como Khersun S.R.L., DELESTE SRL y otras vinculadas a la presunta red de corrupción.
En relación con Farmacard, plataforma de beneficios de medicamentos cuyo contrato fue objetado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y señalada por el Ministerio Público como parte de la trama, Guzmán aclaró que esta continúa operando de manera temporal para no afectar el suministro de fármacos a los afiliados.
Indicó que la institución trabaja en el desarrollo de una plataforma propia, con un nuevo esquema de distribución, a fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar irregularidades similares en el futuro.
