Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó este jueves en única lectura y convirtió en ley el proyecto legislativo que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, iniciativa que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Se trata de la segunda ocasión en que el Congreso Nacional sanciona esta propuesta. La primera fue en enero de 2024, cuando fue aprobada como la Ley 1-24, pero posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0767/24, al no haber sido tramitada como ley orgánica.
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La pieza fue reintroducida en el Senado por su presidente, Ricardo de los Santos, con el objetivo de corregir los vicios señalados por el alto tribunal. Tras su aprobación inicial en la Cámara Alta, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, donde recibió modificaciones antes de ser devuelto al Senado para su decisión final.
Durante la sesión, los senadores Omar Fernández y Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo (FP), votaron en contra de la iniciativa, mientras que el vocero de esa bancada, Eduard Espiritusanto, votó a favor. La totalidad de los senadores presentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, un total de 22, respaldaron la propuesta.
El pleno senatorial acogió las modificaciones introducidas por los diputados sin enviarlas a comisión para su estudio, debido a que el proyecto tenía como fecha límite el próximo 12 de enero, momento en que perimía el trámite legislativo.
En la Cámara de Diputados, los bloques opositores manifestaron su rechazo a la ley, alegando que otorga excesiva discrecionalidad a la DNI y podría vulnerar derechos fundamentales.
De acuerdo con la legislación aprobada, la Dirección Nacional de Inteligencia se establece como el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia, adscrito directamente al presidente de la República, con la misión de ejecutar labores de inteligencia y contrainteligencia para salvaguardar la seguridad nacional e interior, así como prevenir amenazas contra la Constitución, las instituciones democráticas y la defensa del Estado.
