Santo Domingo.- Mientras crecen las expectativas de que se haga efectiva la sentencia que la condena a cinco años de prisión, la exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, intenta desesperadamente evitar la cárcel mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), donde solicita la suspensión del fallo que la envía a Rafey Mujeres, en Santiago.
El recurso fue interpuesto este lunes, solo días después de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazara en su totalidad su recurso de casación, manteniendo firme la condena por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Su equipo de abogados, encabezado por Eduardo Jorge Prats y Julio Cury, también solicitaron la revisión constitucional del fallo, una jugada legal que no detiene, por sí sola, la ejecución de la sentencia.
También puedes leer: MP obtiene sentencia sobre decomiso a Rosa Pilarte
La decisión de la Suprema se basó en evidencias contundentes, ya que entre 2003 y 2021, Pilarte declaró ingresos por solo RD$16 millones, pero movió más de RD$4,400 millones en sus cuentas bancarias. Una brecha inexplicable entre sus ingresos formales y los movimientos financieros que, según el Ministerio Público, provienen directamente de una red de narcotráfico internacional.
El procurador adjunto Pedro Amador, quien lideró la investigación, y juristas como Francisco Álvarez han recordado que la sentencia de la SCJ es ejecutoria. “Un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional no es suspensivo, excepto que el TC así lo disponga”, advirtió Álvarez.
Pilarte no es la única de la familia que enfrenta la justicia. Fue acusada junto a su esposo, Miguel Arturo López Florencio (alias “Micky López”), y sus dos hijos, todos imputados por lavado de activos vinculados al narcotráfico. Su esposo y sus hijos fueron favorecidos con la extinción del proceso por parte del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, una decisión que el Ministerio Público ha apelado.
La fortuna familiar incluye 13 inmuebles en La Vega, valorados en más de RD$4,000 millones, los cuales fueron decomisados. Todo esto bajo la sombra de Pablo Antonio Martínez Javier, señalado como el cabecilla de la red criminal, con quien el Ministerio Público vincula a la familia Pilarte.
