Santo Domingo. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el nuevo Código Penal no podrá ser modificado antes de su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto, al sostener que el proceso legislativo ya concluyó y que cualquier ajuste deberá evaluarse posteriormente.
“El Código Penal no hay forma alguna de que se le pueda modificar un punto ni una coma hasta que no entre en funcionamiento”, afirmó el legislador, al ser consultado sobre las solicitudes de diversos sectores.
De los Santos defendió la aprobación de la normativa al considerar que el país necesitaba una actualización profunda del marco penal. “Lo que estamos claros es que la República Dominicana necesitaba un nuevo Código Penal, un Código Penal moderno, que se adapta a la sociedad de hoy día”, expresó.
El senador argumentó que el antiguo código resultaba obsoleto frente a las nuevas formas de criminalidad. “No un Código Penal de 1811 como el que tenemos en la actualidad, donde no se hablaba de estos avances tecnológicos”, dijo.
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En ese sentido, resaltó que la reforma permitirá una mejor tipificación de delitos complejos. “Ahora la nueva formalidad de incurrir en crímenes de alta tecnología no había forma de tipificarlo y el nuevo Código Penal lo establece claramente”, agregó.
Sus declaraciones se producen en medio de un debate nacional sobre la implementación de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, y las acciones legales interpuestas por distintos sectores.
En ese contexto, el Colegio Médico Dominicano depositó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos de la normativa, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar el ejercicio de la medicina y la seguridad jurídica de los profesionales de la salud. Su presidente, Luis Peña Núñez, aclaró que la acción no busca impunidad, sino garantizar que los procesos vinculados al ejercicio médico sean conocidos bajo criterios adecuados de justicia.
De forma paralela, representantes del sector periodístico han expresado preocupación por artículos relacionados con la difamación e injuria, que establecen sanciones penales para expresiones realizadas a través de medios tradicionales y digitales. Advierten que estas disposiciones podrían generar un efecto de autocensura en periodistas, comunicadores y ciudadanos que realizan denuncias de interés público.
