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Santo Domingo.- El primero de septiembre próximo se producirá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, en prisión preventiva por su supuesta vinculación con el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar.
Así lo dispuso el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras dejar sin efecto la audiencia que se había fijado para el día de hoy, según un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR).
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El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) procurador adjunto Wilson Camacho explicó que no procedía la revisión en la sesión de hoy porque los imputados sujetos a prisión preventiva recurrieron y, como consecuencia de la apelación, se mueve la fecha de la revisión.
Para los que tienen arresto domiciliario la revisión solo puede hacerse a solicitud de parte y ninguna de las defensas había solicitado la revisión de la medida de coerción, indicó Camacho en declaraciones a la prensa a la salida del tribunal.
Dado que esas defensas no solicitaron la revisión, el Ministerio Público pidió al tribunal dejar sin efecto ese replanteamiento, conforme al Código Procesal Penal, que establece que la revisión obligatoria de la medida de coerción se realiza cada tres meses y que el cómputo del término se interrumpe en caso de recursos contra esta decisión, comenzando a contar íntegramente a partir de la decisión respectiva.
El antiguo titular de Hacienda Donald Guerrero y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta cumplen 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres, San Cristóbal, desde que se dictara medida de coerción contra ellos el pasado mes de abril.
El expediente de la Operación Calamar consta de más de 3,000 páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17,000 millones de pesos al Estado, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
En el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, así como Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley sobre Soborno en el Comercio y la inversión, la Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio, la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
