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El reciente caso de la tragedia Jet Set ha puesto sobre la mesa una inquietud jurídica y moral que merece ser abordada con seriedad: ¿puede una de las hijas de la víctima llegar a un acuerdo económico y, aun así, las demás seguir exigiendo justicia?
La respuesta es sí. No solo es aceptable, es jurídicamente correcto y, sobre todo, un reflejo de la autonomía de cada heredero frente al dolor y el reclamo de reparación.
En el momento que Zulinka, la hija que acompañaba como corista a Rubby Pérez, acepte una compensación económica (si es el caso), lo que en derecho se conoce como una transacción extrajudicial (artículo 2044 CC), está ejerciendo un derecho personal y voluntario.
Ese acuerdo solo tiene efectos para ella y la parte con la que pactó (artículo 2051 CC). Es decir, que este no obliga ni limita a las demás herederas, como es el caso de Casey y Ana Beatriz Pérez, quienes en su demanda exigen una indemnización de 435 millones de pesos.
Cada heredero es libre de decidir el camino que tomará.
Algunas herederas tal vez encuentren en un acuerdo económico una forma de cerrar el capítulo, y otras necesitan la sanción judicial, el proceso, la sentencia. Y ambos caminos son válidos, según establece el Código Procesal Penal (CPP), en sus artículos 50 y 118.
Aquí es donde es crucial distinguir entre las dos dimensiones del caso: la acción civil, que tiene que ver con el reclamo de una indemnización (artículo 1382 CC), y la acción penal, que es el interés de la sociedad en castigar una conducta que vulnera el orden público.
En lo civil, cada hija tiene la libertad de negociar o continuar el pleito. Pero en lo penal, ni siquiera un acuerdo privado puede detener el curso de la justicia si el Ministerio Público entiende que hay un delito que debe ser perseguido (artículo 30 CPP, que establece el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público).
En conclusión, el derecho no puede ni debe uniformar el dolor, ni limitar la justicia al silencio del dinero. En un Estado de derecho, la justicia es un camino que cada quien recorre según su conciencia, su dignidad y el marco de la ley.
