Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader anunció un plan de austeridad destinado a mitigar el impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el alza histórica de los precios del petróleo, con el objetivo de liberar cerca de RD$40,000 millones para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
La medida fue presentada durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, donde las autoridades explicaron que el ajuste responde al incremento sostenido en la factura petrolera. En ese contexto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, precisó que cada aumento de US$10 en el barril de crudo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la República Dominicana.
El eje central del plan contempla una reducción significativa del gasto operativo del Estado, así como un recorte del 50% en el presupuesto asignado a los partidos políticos, medida que ha generado expectativas de controversia en el escenario político nacional.
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El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que los recortes impactarán áreas consideradas no prioritarias, entre ellas publicidad, viáticos y pasajes, adquisición de vehículos, organización de eventos institucionales, consumo de combustible, contrataciones de servicios y transferencias a organismos autónomos con capacidad de autogestión.
De su lado, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país dispone de reservas superiores a los US$16,000 millones, lo que permitiría amortiguar el choque externo. Indicó que el propósito fundamental es evitar que el encarecimiento de los costos internacionales se traduzca en aumentos desproporcionados en la canasta básica, priorizando la inversión pública en los sectores más vulnerables.
El plan surge en medio de la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente y la escalada de los precios del crudo, factores que han presionado las economías a nivel global. La liberación de RD$40,000 millones representa, según el Gobierno, un margen de maniobra clave para sostener el equilibrio fiscal en el corto plazo.
No obstante, la decisión de reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos podría intensificar las tensiones en el ámbito político. Se prevé que organizaciones opositoras como Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana evalúen acciones legales, alegando posibles afectaciones a la equidad electoral y al derecho de libre asociación contemplados en la Ley 33-18.
El Gobierno, por su parte, insiste en que se trata de un “sacrificio institucional” necesario ante un contexto internacional adverso, mientras distintos sectores sociales comienzan a reaccionar a las implicaciones de estas medidas.
