Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República (PGR) habría tomado medidas tras recibir informaciones de que el empresario Antonio Espaillat López estaría intentando transferir bienes a su nombre, en lo que el órgano acusador habría interpretado como una maniobra para evadir responsabilidades frente a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.
Según fuentes del Ministerio Público, la Dirección de Persecución, encabezada por Wilson Gómez, habría activado diligencias procesales contra las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, además de investigar otras propiedades vinculadas a Espaillat. Estas acciones forman parte de una investigación iniciada tras la tragedia ocurrida el pasado martes 8 de abril, cuando el techo de concreto de la emblemática discoteca se desplomó, provocando la muerte de 232 personas y dejando más de 180 heridos, incluyendo al reconocido merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.
Leer más: La tragedia del siglo: relatos del horror en el Jet Set
Entre las acciones tomadas, el Ministerio Público habría interpuesto oposiciones a posibles traspasos de bienes en curso, con el fin de garantizar la protección de los derechos de las víctimas y evitar una posible ocultación de patrimonio que impida futuras indemnizaciones.
Aunque Antonio Espaillat ha asegurado públicamente que se encuentra a disposición de las autoridades y que sus empresas colaborarán con la investigación, el Ministerio Público habría iniciado una exhaustiva revisión de los documentos corporativos, así como de las licencias, seguros, condiciones estructurales del establecimiento y el cumplimiento de las normativas legales requeridas para la operación de un centro de diversión.
La tragedia ha generado gran conmoción a nivel nacional e internacional y ha puesto bajo escrutinio la seguridad en locales de entretenimiento, así como la responsabilidad de sus propietarios.
La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
