SANTO DOMINGO — El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pedro Martínez, denunció este martes lo que calificó como un “maltrato sistemático” hacia la comunidad dominicana residente en Puerto Rico, y exigió la intervención inmediata del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y del Consulado Dominicano en la isla.
Durante su intervención en la Cámara Baja, el diputado nacional y vocero del partido Alianza País advirtió sobre una situación “alarmante” de violaciones a los derechos fundamentales de los dominicanos, sin importar su estatus migratorio.
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“Pareciera que nuestros connacionales no tienen quien los defienda”, afirmó Martínez, al criticar el silencio de muchos legisladores dominicanos, que a su juicio, “no denuncian por lo que ocurre también con la migración extranjera en nuestro país”.
El legislador respaldó sus declaraciones citando a figuras políticas puertorriqueñas que han expresado preocupación por el trato a los inmigrantes dominicanos. Entre ellas, mencionó a la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, quien desde hace meses ha alertado sobre arrestos arbitrarios y prácticas discriminatorias contra esta comunidad.
También mencionó al exgobernador Alejandro García Padilla, quien habría denunciado la existencia de una “estructura organizada para perseguir y detener dominicanos”, y al diputado Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño, quien calificó estas acciones como “una agresión a la dignidad humana”.
Martínez exhortó al Gobierno dominicano a asumir una postura firme y pública frente a esta situación, asegurando que el silencio oficial puede interpretarse como complicidad.
“La diáspora dominicana en Puerto Rico no puede ser invisibilizada. Se trata de personas trabajadoras, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, que están siendo sometidas a tratos que violan principios básicos del derecho internacional y los derechos humanos”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que se pronuncien y vigilen esta situación, que consideró urgente y crítica.
