Santo Domingo, RD. - Más de cien pequeños y medianos contratistas del sector ingeniería y construcción acudieron al Congreso Nacional con una petición que arrastra décadas de espera, silencios administrativos y consecuencias humanas irreversibles: la regularización de deudas del Estado correspondientes a obras públicas ejecutadas en distintas épocas, algunas de ellas desde la década de los años noventa.
Los profesionales, en su mayoría miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), respaldan una iniciativa legislativa que procura habilitar un mecanismo legal excepcional para que el Ministerio de Hacienda y Economía pueda autorizar el pago de compromisos que, pese a haber sido reconocidos materialmente por el propio Estado, no han podido ser honrados por obstáculos burocráticos acumulados a lo largo del tiempo.
Durante más de dos horas, la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado escuchó los planteamientos de una delegación integrada por más de treinta contratistas, quienes expusieron con rigor técnico, pero también con evidente carga emocional, el impacto que estas deudas han tenido sobre sus vidas profesionales, sus empresas y sus familias.
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Se trata, según explicaron los contratistas, de obras efectivamente ejecutadas, recibidas y hoy en funcionamiento, muchas de ellas vinculadas a carreteras, centros educativos, infraestructuras hidráulicas y servicios comunitarios, realizadas en contextos de urgencia o por instrucciones de autoridades competentes en su momento. Sin embargo, la falta de formalización adecuada en distintos períodos administrativos impidió que esos trabajos siguieran el curso normal para su pago.
Uno de los datos más sensibles compartidos ante la comisión fue que más de veinte ingenieros e ingenieras han fallecido a lo largo de estos años sin haber visto saldadas las acreencias derivadas de su trabajo, dejando procesos inconclusos que hoy recaen sobre familiares y sucesores. Para muchos de los presentes, la iniciativa representa no solo una solución financiera, sino un acto de justicia largamente postergado.
Tras escuchar los argumentos técnicos de los contratistas, jurídicos y humanos expuestos, la Comisión de Obras Públicas decidió rendir informe favorable a la propuesta, canalizada a través del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, quien sometió el proyecto para su conocimiento legislativo.
Contratistas aclaran no buscan confrontación
Los proponentes fueron enfáticos en señalar que la iniciativa no busca confrontación, ni excepciones arbitrarias, sino cerrar un capítulo histórico pendiente mediante procesos de validación, depuración y control, en apego a los principios constitucionales de legalidad, equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, destacaron que la propuesta contempla mecanismos técnicos y documentales que permitirían verificar cada caso de manera individual, evitando precedentes indebidos y fortaleciendo la seguridad jurídica del Estado.
El sector reiteró su confianza en el Congreso Nacional como espacio institucional para atender una situación que no solo involucra balances contables, sino historias de trabajo, servicio público y espera prolongada, y expresó su esperanza de que el tema continúe siendo abordado con la responsabilidad y sensibilidad que amerita.
