Santo Domingo.- Oficiales que juraron proteger y servir, pero en la intimidad de sus hogares se convirtieron en verdugos. En República Dominicana, crece el número de casos en que agentes de la Policía Nacional, militares y otros miembros de cuerpos castrenses protagonizan crímenes contra sus parejas, llegando incluso al asesinato de hijos y otros familiares.
El más reciente caso ocurrido el domingo 13 de julio implica a un sargento de la Policía que mató de varios disparos a pareja sentimental en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana. Se trata del oficial Wilkin Vásquez Ozoria quien segó la vida de Mindalis Núñez, alias “Ana Cari”, de 31 años.
De acuerdo a los datos, el feminicidio ocurrió luego de una acalorada discusión minutos después de que ambos salieran de una discoteca, presuntamente por 10,000 pesos que el hombre, que se encuentra detenido, alega le sustrajo la hoy occisa. El hecho dejó huérfanos a cinco niños, según los reportes preliminares.
Uno de lo casos que causó consternación ocurrió el 9 de julio, cuando el capitán del Ejército de República Dominicana (ERD), Samuel Mora Alcántara de 49 años, mató de varios disparos a su expareja, Elania Galarza Cabrera de 35 años, y a la madre de ella, Beatriz Reyes Cabrera de 65 años, hecho ocurrido en el sector Mejoramiento Social del Distrito Nacional.
Tras cometer el doble homicidio, Mora Alcántara se trasladó al sector Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, donde se suicidó con la misma arma.
Un caso similar sucedió en La Vega en enero del presente año, el segundo teniente Juan Luis Jiménez Adames mató a balazos a su pareja sentimental y la madre de esta, al frente de sus tres hijos, en el sector La Arboleda.
Las víctimas fueron identificadas como Arianny Rodríguez de 25 años y su madre Marisela Rodríguez Martes, de 51 años, además causó heridas a Franklin Ruiz Inoa, ayudante de las occisas en los servicios domésticos. Tras el crimen el exoficial permaneció prófugo durante dos meses, en marzo se entregó a las autoridades y el Ministerio Público dictó un año de prisión preventiva en su contra.
En marzo 31 un oficial retirado de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) mató a tiros a su pareja, a uno de sus hijos y a su nuera, además de herir a otro de sus hijos, antes de suicidarse en el sector Nueva Jerusalén, municipio Santo Domingo Este.
El hombre identificado como Fabio Montero Berigüete, le quitó la vida a su esposa Ofrany Canario Montero, su hijo Santo Montero Canario y a su nuera Scarlin Mariel Román. Los vecinos que permanecían en el asombro por lo ocurrido, manifestaron que se eran una familia pacífica y armoniosa.
El año pasado también se registraron algunos casos. En enero del 2024 un sargento mayor de la Armada Dominicana ultimó su pareja sentimental y luego se quitó la vida, hecho registrado en el sector los Mogotes del distrito municipal San José del Puerto, Villa Altagracia.
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El victimario-suicida es Cesarín Turbí Vázquez, mientras que la víctima respondía al nombre de Rosmery Martínez. Se trató del 4to feminicidio de ese año.
En un junio de ese año, la historia de repitió. Un miembro de la Policía Nacional le quitó la vida a su expareja y luego se suicidó, en el residencial Nuevas Terrazas, ubicado en la Avenida Monumental del Distrito Nacional. La víctima del feminicidio fue identificada como Liann Guerrero Bobadilla, una joven de 29 años, mientras que el feminicida-suicida fue identificado como José Enmanuel Guzmán Pichardo.
El común denominador en estos hechos es el arma de fuego. A diferencia de otros agresores, estos hombres cuentan con formación táctica y legitimidad institucional para el uso de una pistola que debería ser utilizada para proteger a la ciudadanía en el fiel cumplimiento del deber.
La Ley Núm. 631-16, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, establece que los oficiales tienen la responsabilidad de controlar y custodiar adecuadamente las armas asignadas, evitando su uso indebido, desvío o tráfico
Estos casos no deberían considerarse como aislados y plantean preguntas urgentes: ¿Qué está fallando dentro de las instituciones armadas? ¿Qué ocurre cuando quienes deben hacer cumplir la ley se colocan por encima de ella? ¿Y cómo enfrentarlo en un país donde las armas de fuego, el machismo y la impunidad se entrelazan peligrosamente?.
Esto sugiere acciones preventivas que incluya evaluaciones psicológicas periódicas de quienes portan armas de fuego, incluso si son parte de algún organismo castrense.
