SANTO DOMINGO.- Nuevos 30 querellantes se suman a la lista de afectados en la estafa inmobiliaria de más de 700 millones de pesos pagados a la constructora Indisarq, presunto fraude que fue develado mediante la Operación Nido.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes 9 de enero, a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido.
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“A los 30 nuevos querellantes, el juez les da la oportunidad para que sean notificadas esas querellas nuevas a la defensa técnica, por lo tanto, el día 9, que es martes, estaremos compareciendo para que ese día el juez escuche a todas las partes y vamos a desarrollar la audiencia de medida de coerción”, explicó a la prensa el procurador fiscal Andrés Mena, quien precisó que el Ministerio Público se encontraba listo para conocer la audiencia este sábado.
Mena, quien representó al Ministerio Público junto a la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, declararon que con los nuevos querellantes aumenta el monto de la estafa.
El litigante del órgano persecutor indicó que, con estas nuevas demandas, asciende a 117 el total de querellantes y a más de 300 el total de querellas contra esta red.
En la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en Operación Nido, el Ministerio Público establece que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, y que para lograr su objetivo utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
La investigación del órgano persecutor, en la que son imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que, a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
