Santo Domingo.- Como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la Operación Antipulpo, el Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue presentado al tribunal por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
La decisión lleva a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.
También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.
Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90.
Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85 del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
En el acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, las distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, quien funge como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
Las empresas distribuidoras de energía fueron asistidas legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo, mientras que la defensa técnica del imputado y sus empresas la encabezaron Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.
