Villa González, Santiago.- La crisis social en el distrito municipal de El Limón se profundizó este fin de semana luego de que una marcha pacífica en demanda de justicia por la muerte del joven deportista Ángel Miguel Santos Espinal, conocido como “Papucho”, concluyera con el arresto de cinco maestros, entre ellos el director del Liceo Ercilia Pepín Estrella y dos estudiantes, denunciaron comunitarios.
De acuerdo con los residentes, la manifestación fue intervenida por agentes policiales y militares que militarizaron la zona y reprimieron a familiares y moradores cuando reclamaban el esclarecimiento del caso, ocurrido hace casi una semana.
Las detenciones, aseguran, se produjeron mientras la protesta se desarrollaba sin violencia, lo que ha avivado la indignación y el clima de tensión en la comunidad.
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“Ahora el atropello es mayor, porque no solo perdimos a un joven, sino que también se nos impide protestar y exigir justicia”, expresaron manifestantes, quienes calificaron la actuación de las autoridades como una violación al derecho constitucional a la protesta pacífica.
El conflicto se originó tras la muerte de Santos Espinal, estudiante y atleta del referido centro educativo, ocurrida en el play de Pocilguita, en El Limón. Versiones de comunitarios y testigos sostienen que el joven habría sido impactado por una camioneta policial, presuntamente conducida por el primer teniente Máximo Liriano, quien, denuncias habría acelerado el vehículo de manera intencional.
Además, los denunciantes aseguran que existen indicios de posible responsabilidad intelectual atribuida al comandante de la zona, Ignacio Rosario, alias “Nacho”, lo que ha incrementado la presión para que se realice una investigación profunda, imparcial e independiente.
Desde el suceso, la comunidad ha organizado marchas, vigilias y protestas que, en algunos momentos, han derivado en enfrentamientos con las autoridades. Las recientes detenciones de educadores, estudiantes y dirigentes comunitarios han sido interpretadas por distintos sectores como un intento de criminalizar la protesta, generando preocupación entre padres, docentes y organizaciones sociales.
Los comunitarios advirtieron que mantendrán las manifestaciones pacíficas hasta que el caso sea esclarecido y se establezcan responsabilidades, al tiempo que exigieron a las autoridades evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos ciudadanos.
Asimismo, solicitaron la intervención del presidente de la República, Luis Abinader; de la procuradora general, Yenny Berenice Reynoso; de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y de las instituciones vinculadas al sistema de justicia.
Entre las principales demandas figuran una investigación penal objetiva con apego al debido proceso, la identificación y sometimiento a la justicia de todos los responsables materiales e intelectualela protección a testigos y familiares, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión en los cuerpos de seguridad del Estado para evitar la impunidad.
