Santo Domingo.– El proceso de licitación pública internacional que lleva a cabo la Junta Central Electoral (JCE) para la contratación de la empresa que suplirá equipos, materiales y servicios de impresión de la nueva cédula de identidad y electoral avanza hacia su etapa crucial, con un solo consorcio en competencia.
De las tres empresas que originalmente se presentaron, solo el Consorcio EMDOC fue habilitado por el Comité de Compras y Contrataciones tras superar los requisitos legales, financieros y técnicos exigidos por la Ley 340-06. Las otras dos ofertas ID Security IDSi y Cédula 4.0 FZCO fueron descartadas, y aunque una de ellas presentó una impugnación, la misma fue rechazada formalmente.
El Comité abrió la propuesta económica del Consorcio EMDOC, integrado por empresas de República Dominicana, Panamá y Alemania. La oferta asciende a más de 3,000 millones de pesos e incluye tarjetas para cédula, impresoras de alta tecnología, equipos biométricos, cámaras, lectores de huellas y de firmas, además de servicios de mantenimiento y soporte.
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Autoridades de la JCE precisaron que esta fase corresponde únicamente a la apertura de sobres, sin que ello signifique adjudicación inmediata. La propuesta será ahora evaluada en detalle por el Comité de Licitaciones, que determinará si se ajusta al presupuesto institucional y a los intereses de la institución. La decisión final se dará a conocer en los próximos días o semanas.
En medio de este proceso, el Partido Generación de Servidores (GenS), encabezado por el ingeniero Carlos Peña, remitió una comunicación a la JCE manifestando su oposición a la apertura de la propuesta económica sin antes depurar el padrón electoral. La organización política advirtió que la nueva cédula no debe implementarse sin que previamente se saquen del registro civil los ciudadanos extranjeros indocumentados que figuran como dominicanos, señalando especialmente la presencia de haitianos ilegales. Peña aseguró que su partido respalda la modernización del documento, pero solo si se garantiza primero un registro transparente y confiable ante la ciudadanía.
La JCE ha insistido en que el proceso se desarrolla con estricto apego a la ley y bajo supervisión de organismos técnicos, a fin de garantizar transparencia y confianza en la modernización del documento más importante para los dominicanos.
