Santo Domingo.– La inclusión del pago obligatorio del 10% de propina en los servicios de delivery, contemplada en la reforma al Código Laboral que discuten actualmente los senadores, ha generado preocupación entre legisladores del Congreso Nacional, quienes advierten que esta medida representa un nuevo golpe a la clase media y debe ser revisada.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, calificó la disposición como una forma de beneficiar injustamente a los propietarios de restaurantes y advirtió que se opondrá a su aprobación en la Cámara de Diputados si el proyecto llega con ese apartado.
“Parece que no encuentran otra manera de exprimir a la clase media. Eso [dar propina] es opción de la persona que recibe el delivery, de manera que poner un 10% más es sacrificar mucho más a la clase media”, puntualizó Sánchez.
En la misma línea, la senadora Lía Díaz consideró que la medida debe ser cuidadosamente analizada debido a su impacto en los sectores medio y bajo de la población, que son los que con mayor frecuencia utilizan los servicios de entrega a domicilio.
“Hay cosas que hay que estudiarlas a ver cómo se hace un ganar-ganar, no que le aumentemos la carga impositiva a la clase media”, señaló Díaz.
Por su parte, el senador Gustavo Lara subrayó la necesidad de evaluar la implementación del cobro obligatorio, especialmente porque muchos consumidores se quejan de que el 10% de propina que pagan no llega a manos del personal que brinda el servicio.
“Hay que ver cómo se va a aplicar esta parte, porque la mayoría de los deliverys no siempre son de negocios formales. Es un tema de formalidad, cuando hablamos de que estaría incluido en facturas con comprobante fiscal. Y la mayor queja que tenemos los consumidores en muchos de los establecimientos es que el 10% lo pagamos en todas las facturas, y en muchos casos, cuando hablamos con los servidores, no reciben esa gratificación”, argumentó Lara.
Cabe recordar que la propina legal fue incorporada en el Código de Trabajo vigente desde 1992, con el objetivo de asegurar un ingreso adicional a los empleados del sector gastronómico, más allá de su salario. Sin embargo, esa normativa nunca contempló el cobro de propina para alimentos o servicios que no se consumen dentro del establecimiento.
