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Santo Domingo. – La demora en el cumplimiento de sentencias judiciales sigue siendo un problema significativo para el Estado dominicano. Más allá de afectar el acceso a la justicia, esta situación genera un impacto económico considerable, ya que los pagos por indemnizaciones, expropiaciones y daños se acumulan con los años. Aunque los tribunales dictan fallos claros, la falta de una ejecución eficiente retrasa su cumplimiento, perjudicando tanto a los ciudadanos como a las finanzas públicas.
Las demoras en la ejecución de sentencias no solo ralentizan el proceso de justicia, sino que también representan una carga financiera creciente para el país. En muchos casos, los montos a pagar aumentan debido a los intereses y sanciones impuestas por los tribunales. Esto obliga al Estado a desembolsar sumas mayores de lo inicialmente estipulado, agravando el problema fiscal.
Uno de los casos más llamativos es el de Carlos Ramón Salcedo Camacho, quien en 2013 recibió 141 millones de pesos por una deuda del Instituto Agrario Dominicano tras una sentencia emitida en 2012. Un año después, en 2014, el mismo beneficiario recibió 8.3 millones de pesos en cumplimiento de una sentencia dictada en 2009, tras una cesión de derechos relacionada con la DNCD y Servicios y Construcciones Espaillat.
Otro caso ilustrativo es el de Blaurio Alcántara, quien en 2018 finalmente recibió 17 millones de pesos luego de esperar cinco años para que el Consejo Estatal del Azúcar cumpliera con un fallo judicial. Retrasos como este evidencian cómo la ineficiencia administrativa prolonga el cumplimiento de sentencias, generando pagos que podrían haberse evitado si las instituciones actuaran con mayor agilidad.
Las cifras demuestran la magnitud del problema. En 2020, el Estado dominicano desembolsó más de 6,200 millones de pesos en pagos derivados de condenas judiciales, principalmente por indemnizaciones por expropiaciones. Un ejemplo es el de José Velázquez Fernández, quien recibió 1,500 millones de pesos por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Para la abogada Yulibelys Wandelpool, la falta de mecanismos eficaces para ejecutar las sentencias sigue siendo uno de los principales obstáculos. “Factores como la burocracia, la escasez de personal especializado y la dependencia de firmas externas para representar los intereses del Estado contribuyen a la lentitud en los procesos. Es urgente implementar procedimientos más ágiles y establecer criterios claros para priorizar los pagos judiciales más urgentes”, enfatiza Wandelpool.
Este problema no solo genera un impacto financiero en el Estado, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. La falta de cumplimiento oportuno de las sentencias representa una carga adicional para el presupuesto público, desviando recursos hacia el pago de sanciones e intereses que podrían haberse evitado.
En conclusión, las demoras en el cumplimiento de las sentencias judiciales en la República Dominicana no son solo una cuestión legal, sino también un problema administrativo y económico que compromete la estabilidad del país. Es urgente una reforma en el sistema de ejecución de sentencias para garantizar que los fallos se cumplan de manera eficiente y oportuna, evitando que el Estado siga acumulando deudas por decisiones judiciales no ejecutadas a tiempo.
Por: Angie Mateo
