English
Santo Domingo.- El Ministerio Público continuó este miércoles con el interrogatorio a Sergio Alejandro Miniel Castillo, perito de la Cámara de Cuentas, como parte del juicio que se le sigue a la pasada administración del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), que emitió fondos a favor de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana.
Esta fundación es presidida por Lucía Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el caso de presunta corrupción Antipulpo.
Te puede interesar: Fiscalía rechaza recibir un escrito en defensa de González Urrutia, denuncia su abogado
El juicio se sigue en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Todos los imputados se encuentran en libertad condicional.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, aseguró que esta auditoría ha revelado la asignación de fondos irregulares a dicha fundación e indicios serios de faltas penales.
En ese sentido, detalló en un comunicado, que la ley del FONPER prohibía la donación de fondos a familiares directos de personas vinculadas a la entidad, lo que configura un caso de desfalco y mala administración de fondos, situación que no fue supervisada adecuadamente por FONPER bajo la gestión de Fernando Rosa y su vicepresidenta administrativa, Magalys Medina Sánchez, hermana de Lucía Medina Sánchez, estas hermanas del expresidente Danilo Medina.
"A nuestro juicio, y es lo que estamos demostrando con nuestras pruebas, existe una implicación directa por parte de Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, quienes violaron la normativa interna de FONPER al aprobar fondos para esa organización", señaló Ortiz.
Además, detalló que Carmen Magalys Medina Sánchez es corresponsable, como directora administrativa del FONPER, de los pagos, gastos y contrataciones realizadas en la entidad gubernamental durante su gestión.
La auditoría especial presentada por la Cámara de Cuentas identificó diversas irregularidades, incluyendo ingresos no reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por un monto de 38,250,000, la ausencia de cheques físicos y registros contables correspondientes a varios meses, así como discrepancias en las nóminas y reportes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
También se detectaron pagos por actividades sin comprobantes justificativos y adquisiciones sin evidencia de su uso en las actividades de la fundación.
Entre otras anomalías destacadas, se identificaron pagos de 8,800,000 en medicamentos sin formalidad del proveedor y diferencias entre salarios reportados a la TSS y los pagados por nómina.
La audiencia fue aplazada para el próximo lunes 9 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en la cual la barra de la defensa continuará el contrainterrogatorio al perito de la Cámara de Cuentas.
Por otra parte, Ortiz aseguró que el Ministerio Público ha estado activo en todos los procesos.
"A pesar de la carga laboral que enfrentan los tribunales, lo que retrasa el inicio de las audiencias, y otras cuestiones como la salud de los involucrados, que han provocado extensiones de los procesos, hemos estado listos para conocer cada caso desde el primer día", explicó Ortiz.
La magistrada respondió así a preguntas de los medios en relación con lo expresado recientemente por Participación Ciudadana sobre la lentitud que se observan en varios de casos de corrupción que sostiene el Ministerio Público.
"Procesos con muchas partes, con muchos imputados, sin embargo, esos retrasos no han sido provocados por el Ministerio Público", enfatizó.
