SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional encabeza la lista de instituciones estatales más afectadas por sentencias condenatorias en República Dominicana. Desde 2018, ha enfrentado múltiples fallos en su contra, obligándola a desembolsar millones de pesos en indemnizaciones por despidos irregulares, violaciones de derechos laborales y acciones de amparo presentadas por exagentes y ciudadanos afectados por sus actuaciones.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el Estado dominicano ha pagado más de 9,582 millones de pesos en cumplimiento de sentencias condenatorias desde 2018. Una parte significativa de estos recursos proviene de demandas contra la Policía Nacional, lo que evidencia una crisis en la gestión de derechos dentro de la institución.
Despidos irregulares y acciones de amparo
Uno de los casos más emblemáticos es el de Nifildo Peña Joaquín, quien recibió más de 2 millones de pesos en 2023, convirtiéndose en el monto más alto pagado en una acción de amparo contra la Policía Nacional en los últimos años. Su caso refleja un patrón de resistencia del Estado a cumplir con decisiones judiciales hasta que no tiene otra opción.
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Otro caso significativo es el de José Manuel Mateo Minaya, quien tuvo que esperar nueve años para recibir su pago, a pesar de contar con una sentencia firme a su favor desde 2014, ratificada en 2016 por el Tribunal Constitucional. El pago de 1.2 millones de pesos no fue ejecutado hasta 2021, evidenciando la dilación del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones judiciales.
El alto costo de la negligencia institucional
La Policía Nacional ha sido condenada en 22 acciones constitucionales de amparo entre 2021 y 2024, sumando más de 20 millones de pesos en pagos. Gran parte de estos casos corresponden a exagentes que fueron apartados de la institución de manera irregular, sin recibir sus prestaciones laborales o con procesos administrativos viciados.
Entre los casos más notorios está el de Wilton Cepeda Abreu, quien ganó su caso contra la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía en 2013, con una ratificación en 2016. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 2021 para recibir 2.3 millones de pesos tras una batalla judicial de ocho años.
De igual manera, Iván Ramírez Vásquez enfrentó un proceso prolongado para recibir 1.5 millones de pesos en 2024, tras una sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Casos como estos reflejan cómo la burocracia estatal se convierte en una barrera para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y servidores públicos afectados.
Este trabajo fue un reportaje del programa de investigación Bajo El Foco de De Último Minuto, conducido por Wendy Mora, con la investigación a cargo de la periodista Angie Mateo.
