SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, mediante la cual desmanteló una red criminal dedicada a la piratería, a través de la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicios de plataformas de streaming.
Un equipo conformado por 30 fiscales ejecutó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en colaboración con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La operación se desarrolló en conjunto con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (DEIDET) de la Policía Nacional. También contó con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
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Durante los allanamientos, realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, fueron incautados equipos electrónicos, documentos y vehículos vinculados a las actividades ilícitas.
El Ministerio Público informó que los miembros de la red obtenían beneficios económicos mediante la distribución no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor, como programas de televisión, series y películas.
Las investigaciones determinaron que los detenidos forman parte de una red compuesta por seis personas, de las cuales cuatro ya habían sido condenadas en los Estados Unidos en 2017 por delitos similares relacionados con la piratería digital.
La organización criminal utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión por suscripción y servicios de streaming, ofreciendo suscripciones ilícitas tanto a nivel nacional como internacional.
El esquema incluía el uso de criptomonedas como forma de pago y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilegales que posteriormente eran colocadas en el sistema financiero formal.
Este caso se suma a las acciones impulsadas por la actual gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, orientadas a combatir la criminalidad y la delincuencia en todas sus formas.
Los integrantes de esta red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, conforme a lo establecido en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
