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SANTO DOMINGO- El Ministerio Público presentó este lunes ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional más de 300 pruebas documentales y periciales en el juicio que se sigue contra los implicados en las operaciones Coral y Coral 5G, entre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros exfuncionarios militares y policiales.
Según lo expuesto en audiencia, las pruebas fueron utilizadas como soporte para un informe financiero elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ya admitido por el tribunal. El informe señala un incremento patrimonial que no habría sido justificado con los ingresos reportados por los imputados.
Durante la presentación, declaró como testigo una exencargada del Departamento de Auditoría del Inacif, quien explicó que la base del análisis incluyó certificaciones emitidas por instituciones como la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia de Bancos y otras entidades públicas y privadas.
El fiscal litigante Jonathan Pérez, en representación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que la documentación presentada busca demostrar un crecimiento patrimonial presuntamente desproporcionado en relación con los ingresos declarados por los acusados.
El juicio continuará el jueves 5 de junio a las 9:00 de la mañana, cuando se reanudará la reproducción de pruebas ante las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes.
Antecedentes del caso
El proceso judicial forma parte de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público bajo las operaciones Coral y Coral 5G, que involucran a exfuncionarios y miembros de organismos de seguridad del Estado por presuntos actos de corrupción administrativa cometidos entre 2012 y 2020.
Según la acusación, los imputados habrían desviado fondos públicos, incluidos recursos asignados al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados se encuentran también los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou; el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, junto a otros vinculados.
El caso continúa su curso en la etapa de juicio de fondo, con la presentación de pruebas a cargo del Ministerio Público y la evaluación de estas por el tribunal.
