Santo Domingo.- El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Monte Plata impuso cinco años de prisión a una mujer y cuatro hombres quienes se asociaron para defraudar al Estado dominicano por más de 5.2 millones de pesos a través del programa Banca Solidaria, del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).
La sentencia fue dictada en contra de Kisairy Elena Mieses Saturria, Víctor Alberto Alcántara Moreno (Quini), Francisco Manuel Bonaparte Figueroa y Cristian Manuel Santos Arias, informó este martes el Ministerio Público.
Te puede interesar: Kiev niega acusación rusa de que esté rechazando intercambiar a prisioneros
En el proceso, el Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales José del Carmen García y Yalitza Martínez Acosta, demostró de manera "irrefutable" la responsabilidad penal de los procesados, hallados culpables de violar el Código Penal Dominicano, que castiga la asociación de malhechores para cometer un delito y falsificación, además de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la República Dominicana.
Mieses Saturria, Santos Arias, Alcántara Moreno (Quini) y Bonaparte Figueroa, se asociaron para defraudar al Estado dominicano simulando préstamos los cuales eran retirados a través de los cajeros automáticos, por medio de tarjetas emitidas de manera fraudulentas.
Según el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, tras el anuncio del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el 9 de abril de 2021, de que había desembolsado 26,5 millones de pesos para 280 micros, pequeños y medianos empresarios de toda la provincia de Monte Plata, los imputados se aprovecharon para filtrar y mezclar los expedientes de 19 préstamos a nombres de personas vivas, fallecidas y condenadas a prisión, con todos los documentos, sellos y firmas falsas.
En esos ilícitos incurrieron en la suplantación en el data crédito, suplantación de persona en las copias de las cédulas, firmas falsas de los supervisores y de agentes de negocio que no estaban vinculados en la institución a la fecha de la elaboración de los mismos.
Para dicho proceso, Bonaparte Figueroa buscó las 38 copias de cédulas que fueron utilizadas en la preparación de dichos préstamos, además, firmaba y llenaba los espacios en blancos conjuntamente con Santos Arias, este último, también buscaba en el sistema los códigos de empleados y exempleados de negocio de la institución, y mandó a hacer en Santo Domingo los sellos que usaron en los documentos.
En el entramado fraudulento, Alcántara Moreno (Quini), Santos Arias y Bonaparte Figueroa digitaban e imprimían los formularios a nombre de estos empleados y exempleados de la institución, documentos que una vez impreso los formularios, los borraban del sistema e incluso del reciclaje.
Los procesados Santos Arias, Alcántara Moreno (Quini) y Bonaparte Figueroa, acordaron con Mieses Saturria, usando el código de otra colaboradora, emitir y activar 14 plásticos de forma consecutiva, y con similares características a otras cinco emitidas por ella.
Una vez emitidas las tarjetas, estos se las repartieron y acordaron retirar el dinero en diferentes cajeros, vestidos siempre usando ropa manga larga, oscura, cubre cabeza, gorras y mascarilla, a los fines de no ser identificados por las cámaras de los cajeros.
Por decisión del tribunal, Mieses Saturria cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que los restantes cuatro procesados lo harán en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
