Santo Domingo.- El empresario Winston Rizik Rodríguez, apodado "El Gallero", ha sido arrestado nuevamente, esta vez acusado de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad.
Este viernes, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tenía previsto conocer su medida de coerción, sin embargo, la audiencia fue pospuesta para el próximo miércoles 9 de abril a las 9:00 de la mañana. Mientras tanto, Rizik Rodríguez permanece detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aguardando el desarrollo del proceso judicial en su contra.
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La presunta víctima está representada por la abogada Janet Peralta Rodríguez.
La acusación contra Rizik Rodríguez se fundamenta en el artículo 332-1 del Código Penal Dominicano, que tipifica el incesto como “todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado”.
Además, se le imputan violaciones a la Ley 136-03, en su artículo 396, literales b y c, conocida como el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los menores en República Dominicana.
Durante estos 10 años, Winston Risik fue objeto de un intento de asesinato en prisión, y dos jueces fueron destituidos por anular su primera sentencia condenatoria.
En septiembre pasado, el juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, Julio César Araujo Díaz, dispuso la libertad de "El Gallero" tras cumplir la condena privativa de libertad impuesta por la acusación de posesión de 10 kilos de cocaína y un arsenal de alto calibre, incluyendo un fusil RM, un M-16, varios cargadores y dos miras telescópicas, encontrados en una residencia suya localizada en una comunidad de Monte Plata.
Tras entregarse voluntariamente a las autoridades el 5 de septiembre de 2014, comenzó la judicialización de este caso inicialmente por narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas. Para ese entonces, Francisco Domínguez Brito era el procurador general de la República y Julio César Souffront Velázquez el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
