Santo Domingo.- La reciente aprobación en primera lectura del proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Justicia ha generado un debate importante en la comunidad jurídica. Abogados consultados por De Último Minuto tienen opiniones divididas: mientras algunos consideran que se trata de un avance institucional necesario, otros cuestionan su pertinencia y advierten sobre los riesgos de una mayor concentración de poder en el Ejecutivo.
El abogado Edward Moreno sostiene que esta iniciativa representa un paso importante para devolver equilibrio a las funciones del Estado y corregir distorsiones históricas. Recuerda que desde la desaparición del Ministerio de Justicia en 1964, el Ministerio Público ha asumido tareas que no le corresponden, como la administración penitenciaria y la representación del Estado en litigios civiles. Para Moreno, restablecer esta institución permitiría al Ministerio Público enfocarse exclusivamente en su rol constitucional: la investigación penal y la acción pública.
En cambio, la abogada Dángela Ramírez Guzmán considera innecesaria la creación de un nuevo ministerio. A su juicio, aunque esta figura existe en otros países, no responde a una necesidad urgente en el contexto dominicano y podría generar confusión sobre las competencias institucionales. Ramírez advierte que el nuevo ministerio podría fortalecer de forma excesiva al Poder Ejecutivo, en detrimento del equilibrio democrático. Como alternativa, propone fortalecer presupuestariamente a la Procuraduría General de la República para enfrentar las cargas del sistema judicial, argumento que sustenta el proyecto.
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Ramírez también señala que la inclusión de la protección a las víctimas entre las funciones del nuevo ministerio es un elemento interesante, pero advierte que requeriría una reforma constitucional. Según explica, el artículo 69 de la Constitución asigna esta función al Ministerio Público, por lo que su traspaso a otra institución implicaría un cambio en el marco legal vigente.
El proyecto contempla que el Ministerio de Justicia asuma funciones como la coordinación del sistema penitenciario, los servicios registrales y notariales, y la supervisión del INACIF, actualmente dispersas entre distintas entidades. Según Moreno, esto no representa una duplicación de estructuras, sino una reorganización orientada a mejorar la eficiencia administrativa, en consonancia con el artículo 134 de la Constitución y la Ley de Eficiencia Administrativa del Estado. Para Ramírez, en cambio, este mandato plantea la necesidad de presentar un informe de sostenibilidad que justifique la creación del nuevo ministerio, algo que, hasta el momento, no se ha hecho público.
