El organismo patriótico se opone a el otorgamiento de permisos de trabajo a ilegales
Santo Domingo, R.D.- El Instituto Duartiano mostró su plena identificación con los acuerdos que resulten del “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones en la República Dominicana”, siempre que estos no impliquen ninguna medida regulatoria a favor de inmigrantes ilegales o indocumentados, ni el otorgamiento de permisos transitorios de trabajo o documentos de identidad personal al margen del ordenamiento legal y constitucional.
Así lo expresó este lunes el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, durante un encuentro celebrado en la sede de la institución, en el Museo y Casa de Duarte, en la Ciudad Colonial, junto a miembros de la directiva.
Gómez Ramírez afirmó que la entidad patriótica confía en que las autoridades actúen con el más alto sentido de responsabilidad en la aplicación de las leyes migratorias y laborales, como vía para fortalecer las instituciones del país.
En ese sentido, advirtió que debía respetarse de manera absoluta la Constitución, en especial lo establecido en el artículo 3, que consagra el principio de la no intervención como norma invariable de la política internacional dominicana.
El dirigente consideró positivo que el Consejo Económico y Social (CES) propusiera la creación de un Observatorio Nacional de Migración Laboral, pero subrayó que este no debía limitarse a órganos estatales, sino incluir instituciones civiles con vocación patriótica.
Asimismo, instó al presidente Luis Abinader a enfrentar con determinación la corrupción fronteriza y encabezar una ofensiva diplomática enérgica para destacar los aportes del país a Haití y reafirmar que en la sociedad dominicana no existen prácticas racistas, discriminatorias ni xenofóbicas.
Recordó que el artículo 10 de la Constitución establece como de “supremo y permanente interés nacional” la seguridad y el desarrollo integral de la zona fronteriza, junto a la promoción de los valores patrios.
También reclamó legislar para garantizar la reserva de ley en materia de adquisición y transferencia de propiedades en la frontera, priorizando el interés nacional y la titularidad dominicana.
Por último, exhortó a los jueces a actuar con firmeza ante los casos de tráfico de indocumentados y a cesar las devoluciones de vehículos y propiedades retenidas en operativos, al considerar que estos bienes constituyen cuerpos de delito.
