Santo Domingo.- El Ministerio Público reveló que el principal imputado de la Operación Onco14 habría utilizado la farmacia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para comercializar medicamentos que contienen sustancias controladas fuera de los procedimientos establecidos por la ley, como parte de un esquema de irregularidades detectado durante varias inspecciones oficiales.
Según la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador, Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, se habría valido de su posición dentro de la institución para permitir prácticas relacionadas con la venta irregular de medicamentos sujetos a control especial.
La investigación sostiene que las autoridades detectaron múltiples anomalías durante inspecciones realizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con otros organismos reguladores. Entre las irregularidades señaladas figuran la dispensación de medicamentos controlados sin las autorizaciones correspondientes, la comercialización de fármacos destinados exclusivamente al uso hospitalario y la existencia de productos vencidos dentro del inventario de la farmacia.
Los hallazgos llevaron a nuevas intervenciones en las que, de acuerdo con el expediente, se identificó un patrón de prescripciones médicas repetitivas vinculadas a supuestas donaciones de medicamentos, situación que despertó sospechas sobre el manejo de sustancias controladas dentro del centro de salud.
Recomendamos leer:Expediente de Onco14 revela presuntas irregularidades en tratamientos y hospitalización de pacientes con cáncer
El Ministerio Público también sostiene que parte de los medicamentos obtenidos mediante programas de ayuda y donaciones no habrían sido destinados a los pacientes para los que fueron concebidos, sino que presuntamente fueron desviados para su comercialización. Asimismo, la acusación señala que algunas sustancias terminaron en manos de personas con antecedentes de dependencia a este tipo de fármacos.
La investigación incluye además presuntas irregularidades administrativas y financieras relacionadas con el suministro de medicamentos a pacientes, entre ellas la supuesta doble facturación de productos farmacéuticos y la comercialización de medicamentos que habían sido recibidos gratuitamente por la institución.
Como resultado de las inspecciones, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) recomendó el cese de las operaciones ambulatorias de la farmacia, tras constatar incumplimientos considerados graves a las normas sanitarias y de control de medicamentos.
Además de Lora Cruceta, el expediente involucra a otras personas vinculadas al Patronato y a entidades relacionadas, contra quienes el Ministerio Público solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
La audiencia para conocer la medida de coerción se desarrolla en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
