Santiago, R.D. – La jueza Yiberty Polanco, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de tráfico ilícito de migrantes, en una travesía que culminó con la muerte de una mujer haitiana a causa de quemaduras.
Los imputados, Pedro Luciano Cruz Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, ambos oriundos de Dajabón, deberán cumplir una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país, mientras se desarrolla el proceso judicial.
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De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados conducían una yipeta Ford Explorer gris, en la que transportaban a 15 ciudadanos haitianos de manera ilegal. El hecho ocurrió en marzo de este año, en el sector Capilla del municipio Villa Bisonó (Navarrete), cuando los acusados intentaron evadir un operativo del Ejército y se estrellaron contra una pared.
El choque provocó el desprendimiento de una manguera del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), lo que generó un incendio dentro del vehículo. Siete migrantes resultaron con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. La víctima fatal, identificada como Judithe Nicolas, de 31 años, falleció a inicios de abril debido a complicaciones por quemaduras de tercer grado que afectaron órganos vitales.
Tras el accidente, los traficantes huyeron del lugar, dejando abandonados a los indocumentados. El Sistema de Emergencias 9-1-1 acudió a la escena para asistir a los heridos, mientras que los migrantes ilesos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para su deportación.
El fiscal investigador Juan Osvaldo García, director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, rastreó la ruta del vehículo, verificó registros y traspasos, y logró identificar a los responsables, quienes también enfrentan antecedentes por actividades similares en la zona fronteriza de Dajabón.
Durante la audiencia, el fiscal litigante Elvin Ventura presentó evidencias que sustentan la participación de los acusados en esta red de tráfico humano. El Ministerio Público ha formulado cargos provisionales por violación a varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
