Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader reafirmó este lunes su compromiso con el combate a la corrupción administrativa, destacando que su gestión ha logrado recuperar más de RD$6,500 millones del patrimonio público y mantiene más de RD$130 mil millones en procesos judiciales activos.
Durante una presentación sobre los avances en materia de transparencia y sanciones, el mandatario subrayó que el Gobierno continúa impulsando un régimen de consecuencias sin distinción de jerarquías ni tiempos, llevando ante la justicia a quienes infrinjan la ley.
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“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad”, expresó Abinader.
Casos remitidos y medidas sancionadoras
Hasta la fecha, el Ejecutivo ha remitido 287 expedientes de faltas administrativas al Ministerio de Administración Pública (MAP), relacionados con prácticas como abuso de poder, nepotismo, acoso laboral y duplicidad de funciones. Asimismo, 49 funcionarios públicos en ejercicio han sido enviados al Ministerio Público para fines judiciales.
El presidente señaló que muchas de estas investigaciones se originaron gracias a denuncias ciudadanas, fortaleciendo así la participación de la sociedad civil en el control de los recursos públicos.
Nueva normativa y enfoque preventivo
Entre los hitos más recientes, se destaca la emisión del Decreto 166-25, que establece sanciones por incumplimiento de las normativas de transparencia, incluyendo la pérdida de beneficios extraordinarios. La medida entrará en vigencia en septiembre de este año.
También se resaltó la evolución de las antiguas Comisiones de Ética Pública hacia Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento, en aplicación del Decreto 791-21, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control interno en cada institución estatal.
Evaluación institucional y fortalecimiento de capacidades
De enero a marzo de 2025, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) evaluó 230 instituciones públicas, de las cuales 211 alcanzaron puntuaciones entre 85 y 100, evidenciando un alto nivel de cumplimiento en materia de transparencia.
Además, más de 8,000 servidores públicos han recibido capacitaciones en temas como contrataciones públicas, gestión de riesgos, prevención de sobornos y conflictos de interés.
La DIGEIG también elaboró 96 matrices de riesgo para detectar vulnerabilidades en procesos institucionales y trabaja de la mano con la OCDE para fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública.
Transparencia en cargos electivos
En un esfuerzo por mapear la transparencia en la función pública, la DIGEIG realizó el primer estudio sobre servidores públicos electos. De 195 instituciones contactadas, 139 respondieron, y 60 confirmaron tener funcionarios elegidos en los comicios municipales.
El presidente concluyó reiterando que su gobierno no permitirá espacio para la impunidad y seguirá promoviendo políticas firmes y sostenibles para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera correcta, eficiente y en beneficio de la ciudadanía.
