SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia de La Vega, Rogelio Genao, calificó como un acto de «irresponsabilidad política colectiva» el hecho de que el país continúe postergando una transformación integral del régimen fiscal, tras anunciar su voto crítico a favor de la Ley de Presupuesto y Gasto Público para el año 2026.
Durante su intervención en la Cámara Alta, el legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) lamentó que, a 13 años de la promulgación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), la clase política y los sectores productivos no hayan logrado concretar el Pacto Fiscal necesario para financiar el progreso nacional sin recurrir al endeudamiento constante.
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Genao fue enfático al señalar que el déficit presupuestario del país, el cual ronda el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), es equivalente al monto que el Estado deja de percibir por concepto de exenciones y exoneraciones, conocido como gasto tributario.
»No podemos aprobar esta pieza con alegría. Lo que nos falta para equilibrar el presupuesto es exactamente lo mismo que gastamos en leyes de estímulo y exoneraciones. Es impostergable revisar este modelo para darle al Estado las ‘garras’ necesarias para responder a las necesidades de la gente», afirmó el senador vegano.
A pesar de sus observaciones, el legislador reformista justificó su voto a favor argumentando razones de estabilidad institucional. Explicó que, al encontrarse a 16 de diciembre, no aprobar la pieza sería un riesgo para la nación, ya que obligaría a iniciar el año 2026 con un presupuesto reconducido y agotado.
Los puntos clave destacados por el senador:
- Postergación histórica: 13 años de retraso en la transformación del régimen fiscal.
- Dependencia de deuda: Crítica a la necesidad de recurrir a la banca comercial para inversiones mínimas.
El legislador aprovechó la ocasión para instar a los empresarios a tomar conciencia sobre la necesidad de un sistema que otorgue mayores posibilidades financieras al Estado.
Finalmente, Rogelio Genao hizo un llamado a sus colegas y a la sociedad civil para iniciar una discusión seria sobre una reforma fiscal que permita a las provincias y pueblos del país recibir las inversiones que demandan.
