Santo Domingo,.- El movimiento Participación Ciudadana afirmó este martes que el gasto en publicidad del Gobierno aumentó más del 500 % durante el primer cuatrimestre de 2024, al llegar a 3,121 millones de pesos desde los 491 millones del mismo período del año anterior.
El capítulo dominicano de Transparencia Internacional indica, en un comunicado, que son cifras históricas y que, aunque descendieron en 2025, siguen siendo muy superiores al cuatrimestre de 2023, pues se sitúan en 2,445 millones.
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Precisa que, entre las instituciones con mayores aumentos en gasto publicitario, se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Supérate y el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL).
Según Participación Ciudadana, "no se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones".
Una opacidad que, añade, "impide saber si el dinero público está siendo bien utilizado o si alimenta estructuras clientelares con fines electorales encubiertos".
Ante ello, Participación Ciudadana solicita a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) transparencia absoluta con la publicación "inmediata" de todos los contratos de publicidad oficial en los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025, así como el detalle completo de los montos contratados y los medios beneficiados, objetivos institucionales y criterios técnicos de selección.
Además, solicita justificación de cada contratación conforme a lo establecido en el Decreto 1-24 del presidente Luis Abinader que prohíbe la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales, y el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Propone la aplicación estricta de ambos documentos incluidas sanciones por su incumplimiento, una auditoría urgente e independiente del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025, el establecimiento de un sistema de monitoreo ciudadano permanente que garantice el uso ético de estos recursos y regulaciones vinculantes que limiten estrictamente el gasto publicitario en años electorales.
