Santo Domingo.– Al menos 12 funcionarios públicos que asumieron nuevos cargos o cesaron funciones recientemente aún no han presentado su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, a pesar de que el plazo establecido por la Ley 311-14 comienza a agotarse.
De los más de 33 funcionarios designados o removidos en el inicio de la actual etapa de la administración pública, una parte significativa no ha cumplido con el mandato legal que exige la presentación de la declaración jurada de bienes dentro de los 30 días posteriores a la toma de posesión o al cese en el cargo. El artículo 5 de la referida ley establece que los funcionarios deben declarar su patrimonio y el de su cónyuge dentro de los treinta días siguientes a su juramentación.
Debido a que el mes de enero tiene 31 días, los funcionarios juramentados durante ese mes deben presentar su declaración un día antes de cumplirse la fecha exacta de su juramentación. Hasta este viernes, solo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, juramentado el 6 de enero, había cumplido con el requisito, según consta en el portal “Ojo Ciudadano” de la Cámara de Cuentas.
Te puede interesar: Mingkingüeis Maarlem es designado nuevo director del Hospital Salvador Bienvenido Gautier
Otros funcionarios juramentados ese mismo día, como el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, no figuran con su declaración jurada publicada en el portal del órgano fiscalizador. En el caso de Mayra Jiménez, juramentada el 7 de enero como directora de Desarrollo Social Supérate, su declaración aún no era visible en la plataforma de la Cámara de Cuentas, aunque consta una certificación de bienes presentada en 2020 en el portal del Ministerio de la Mujer.
En igual situación se encuentran Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, juramentado el 7 de enero como ministro de Agricultura, así como Gloria Reyes, quien asumió el Ministerio de la Mujer el 8 de enero; Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales; y Nelson de Jesús Arroyo Perdomo, director general de Aduanas, todos juramentados el 8 de enero y sin declaraciones visibles hasta la fecha.
Asimismo, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, juramentado el 9 de enero como ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), tiene hasta el domingo para cumplir con el requerimiento legal, mientras que Julio César Landrón de la Rosa, director del Servicio Nacional de Salud, juramentado ese mismo día, debe presentar su declaración antes del 8 de febrero.
El listado de designaciones también incluye a César Enmanuel Cerda Minaya, nombrado el 31 de enero como director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel, además de unos 15 viceministros, directores, subdirectores y consultores que igualmente están sujetos a la obligación legal.
Consultada sobre el estatus de los procesos iniciados, la Cámara de Cuentas informó, a través de su encargada de Comunicaciones, Siledis Aquino, que cualquier solicitud de información detallada debe realizarse mediante la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la cual establece un plazo mínimo de 15 días laborables para responder.
En cuanto a los funcionarios salientes, el artículo 6 de la Ley 311-14 dispone que deben presentar una declaración jurada de patrimonio final dentro de los 30 días posteriores al cese de sus funciones. Entre los exfuncionarios obligados a cumplir con este requisito figuran Tony Peña Guaba, excoordinador del Gabinete de Políticas Sociales; Limber Cruz, exministro de Agricultura; Carlos Bonilla, exministro de Viviendas y Edificaciones; Luis Valdez, exdirector de Impuestos Internos; Mario Lama, exdirector del Servicio Nacional de Salud, y Rafael Feliz, exrector del ITLA.
La Cámara de Cuentas es el órgano responsable de recibir, verificar y publicar las declaraciones juradas de patrimonio, como parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
