Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos, exigió este miércoles al presidente Luis Abinader, rendir cuentas por la anómala emisión y distribución de “bonos navideños”, emitidos por su gobierno, por un valor de 3 mil 750 millones de pesos.
Al mismo tiempo, el organismo jurídico de la FP denunció que ni siquiera el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno de Abinader sabe si los bonos fueron efectivamente distribuidos y quiénes fueron sus beneficiarios directos.
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El jurista Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, hizo saber, incluso, que al presidente Abinader le entregaron, de manera específica, 30 mil, de 2 millones 500 mil tarjetas contentivas de un “bono navideño” que fueron emitidas y distribuidas por el gobierno.
Recordó que el pasado 19 de enero, de este mismo año, la Fuerza del Pueblo denunció la puesta en marcha de la operación, que esa organización ha denominado “Bono por Voto”, consistente en la emisión y distribución de 2 millones 500 mil tarjetas contentivas de un “bono navideño” en condiciones de total opacidad.
Dijo que la emisión y distribución de esas tarjetas parece ser “una burda maniobra dirigida a facilitar la reelección del actual presidente de la República, mediante la compra de votos”.
Denunció, igualmente, que esos bonos fueron, principalmente repartidos entre diversas entidades del gobierno, sin que se hayan revelado los criterios para la asignación de los mismos, o quiénes fueron sus beneficiarios directos.
El dirigente del principal partido opositor de República Dominicana resaltó que la vigencia de los “bonos navideños” ha sido extendida por el gobierno hasta junio de 2024, superando claramente la temporada navideña del 2023 y coincidiendo deliberadamente con los procesos electorales de febrero y mayo de este año.
El jurista Martínez, hablando en rueda de prensa a nombre de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que la vigencia de dichos bonos hasta junio revela cuál es el verdadero propósito de esta trama politiquera, que se pretende disfrazar de “política social”.
Las elecciones presidenciales y congresuales están previstas para el mes de mayo, y en caso de una segunda vuelta, para el 5 de junio.
